El tribunal acepta que Ortiz se retracte y anule su confesión de culpabilidad

El tribunal del presunto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de Alicante ha aceptado que el constructor acusado de ser el principal beneficiario, Enrique Ortiz, se retracte de su conformidad de culpabilidad, por la que aceptaba dos años de cárcel, y defienda en el juicio su inocencia.

Así lo han determinado las tres magistradas que componen la sección Tercera de la Audiencia alicantina que dirime esta rama del caso Brugal, tras un receso de diez minutos para valorar esta situación inédita en la Justicia.

El pasado 9 de abril, Ortiz aceptó el escrito de la fiscalía Anticorrupción en el que confesaba haber facilitado prebendas a los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi a cambio de una condena de dos años de prisión y una multa de 1,6 millones de euros, con lo que eludía entrar en la cárcel.

Esa conformidad fue ratificada el 22 de ese abril en sede judicial ante el Letrado de la Administración de Justicia, pero el pasado 23 de junio, tras anularse los pinchazos telefónicos de otra causa del Brugal (basuras de Orihuela) en otra sección de la Audiencia, Ortiz notificó al tribunal su intención de no ratificar la conformidad, con lo que se retracta de su confesión de culpabilidad y pasa a defender su absolución.

Las magistradas han considerado que, en los casos en los que se concreten conformidades parciales no asumidas por el conjunto de los procesados, se deberá escuchar a los acusados para conocer si ratifican o no esos acuerdos previos.

Con esa decisión, ha desestimado la petición presentada por la Fiscalía Anticorrupción para que dejase sin efecto esa pretendida “no ratificación” de la conformidad, con el argumento de que ese acuerdo de conformidad era “irrevocable”.

La presidenta del tribunal ha preguntado a los cuatro acusados que habían suscrito acuerdos de conformidad: Enrique Ortiz, su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez (asociado a las empresas del constructor) y el promotor ilicitano Ramón Salvador, y los tres primeros han indicado que no ratificaban los acuerdos de conformidad.

El constructor Ramón Salvador, sin embargo, sí se ha ratificado en ese acuerdo, con la pena pactada, aunque la misma queda aplazada al dictado de la sentencia. Este trámite en la primera jornada del presunto amaño del PGOU, sesión dedicada a las cuestiones previas, ha marcado el inicio de este juicio, el mayor caso de presunta corrupción política en la ciudad de Alicante y la más mediática de las 20 ramas del denominado caso Brugal.

Anticorrupción pidió no aceptar el cambio

Anticorrupción había instado al tribunal a no aceptar el cambio de versión de Ortiz porque, de aceptarse, cree que supondría un “fraude” puesto que la conformidad, ya refrendada ante el letrado de la Administración de Justicia, “es irrevocable”.

A su posición se ha adherido los abogados de la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Alicante, y la acusación popular, que ejerce Esquerra Unida (EU-U), por los mismos motivos alegados por la Fiscalía.

Por su parte, las defensas de los nueve acusados se han opuesto a la fiscalía al considerar que la conformidad no puede considerarse prestada hasta el momento en el que se produzca su ratificación en el inicio del juicio. Y ese trámite, según han subrayado, debería producirse en la primera sesión del proceso.

Además, han subrayado que la conformidad “es libre y voluntaria”, según ha recalcado el defensor de Castedo, José María Asencio, quien también ha apuntado que, según las instrucciones dictadas por la Fiscalía General del Estado, no es necesario que se exprese ningún motivo para que un acusado se retracte de su conformidad.

La primera sesión continúa con el resto de las cuestiones previas,