La defensa de Alperi ve presuntas irregularidades en la instrucción sobre el PGOU de Alicante

La defensa del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) ha cargado este martes contra las supuestas irregularidades cometidas por el juzgado instructor de Orihuela en las diligencias iniciales sobre el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, una de las ramas del caso Brugal.

Entre ellas, por ejemplo, la autorización de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía, sobre las que también ha solicitado su nulidad, como ya acordó la Sección Séptima de la Audiencia de Alicante a principios de junio en la sentencia sobre la causa matriz del Brugal -la contrata de basuras del municipio de Orihuela- que dio origen a este caso.

La defensa de Díaz Alperi ha intervenido en la segunda sesión del juicio por la pieza del Brugal sobre el presunto amaño del PGOU de Alicante, centrada al igual que en la primera, celebrada la semana pasada, en la exposición de las cuestiones previas por parte de los abogados de los acusados que no lo pudieron hacer en la primera jornada.

En esta causa se dilucida si Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo (PP), pudieron beneficiar al empresario Enrique Ortiz durante la redacción del nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad a cambio de dádivas.

El juicio se inició el pasado martes, en una primera sesión en la que el tribunal admitió la retirada del acuerdo de conformidad alcanzado en abril pasado por Enrique Ortiz.

Además, en esa primera jornada se dio inicio al planteamiento de las cuestiones previas, entre las que la defensa de Castedo ya solicitó que se acordase la nulidad de los pinchazos telefónicos y también subrayó varios ejemplos de presunta vulneración de sus derechos.

Durante la sesión de este martes, el abogado defensor de Díaz Alperi, Vicente Grima, ha señalado, durante su turno de exposición de las cuestiones previas, que esos pinchazos han sido declarados nulos en la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia al suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los investigados, puesto que carecieron de auto “motivador habilitante”.

Así, ha incidido en que los mismos indicios que se hallaron a partir de esas escuchas también deben declararse nulos.”Son indicios obtenidos con vulneración de derechos fundamentales, obtenidos a partir de unas grabaciones que se han declarado manipuladas”, ha explicado, por lo que, a su juicio, no pueden ser considerados indicios habilitantes.

“Es como si una investigación se hubiese seguido a partir de una declaración obtenida mediante tortura”, ha ejemplificado.

Igualmente ha recalcado que en toda la instrucción se incurrió en una vulneración de las normas de competencia puesto que se tomaron decisiones desde los juzgados de Orihuela sobre hechos que debieron ser investigados desde los de Alicante por una cuestión de competencia jurisdiccional.

Por su parte, la defensa del empresario Enrique Ortiz ha solicitado la nulidad de la mayoría de las actuaciones acordadas desde los juzgados de Orihuela.

El letrado del promotor, Francisco Ruiz Marco, ha sostenido, en su turno de exposición de las llamadas cuestiones previas, que todo el proceso se vio marcado por presuntas incorrecciones que supusieron la vulneración de derechos fundamentales de su defendido.

En esta línea, Ruiz Marco ha incidido, además, en que el juzgado oriolano adoptó esa decisión a partir de “unas grabaciones manipuladas” como, según ha dicho, ha declarado la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a la causa sobre la contrata de residuos de Orihuela, en alusión a las conversaciones captadas entre el empresario Ángel Fenoll y un concejal del municipio sobre la adjudicación de ese servicio.Asimismo, el defensor de Ortiz ha recalcado que las diligencias sobre el supuesto amaño en el planeamiento de Alicante no guardan ninguna relación de “conexividad” con la contrata de residuos de Orihuela o con la adjudicación del vertedero de la Vega Baja.

Por ello, ha considerado que, desde el principio, el juzgado oriolano debió inhibirse en favor de los juzgados de Alicante por una cuestión de competencia territorial.Mientras, la defensa de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, titulares del bufete Salvetti Abogados, también ha pedido la nulidad de las escuchas y que el tribunal acuerde la exclusión del Ayuntamiento de Alicante y de Esquerra Unida como acusación particular y popular, respectivamente.

El juicio se retomará el próximo día 17 con el turno de respuesta de las acusaciones a las cuestiones previas planteadas por las defensas.