La Diputación de Alicante y la Generalitat racionalizan la prestación de los servicios sociales

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, han firmado esta mañana en el Palacio Provincial un acuerdo, calificado por ambos de “histórico”, para la ordenación y el traspaso de competencias en materia social. Se trata del cuarto encuentro que ambos dirigentes mantienen para fijar las bases de la colaboración y desarrollo en la provincia de Alicante de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

La declaración institucional de colaboración suscrita incluye, por un lado, el traspaso a la Generalitat, a partir del próximo mes de diciembre, de parte de los gastos de la teleasistencia que la Diputación asume actualmente como competencia impropia.

Por su parte, la institución financiará, a partir de 2021 y en el marco de los Contrato-programa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, los equipos base de los servicios sociales de atención primaria a entre el 70 por ciento y el 100 por ciento de los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia. Asimismo, se iniciarán también el próximo año los trámites para el traspaso de las competencias, en primer lugar, del Centro Doctor Esquerdo y, posteriormente, del Hogar Provincial.

“Se trata de una firma muy buscada y un claro ejemplo de que la voluntad se puede convertir en un hecho”, ha destacado Mazón, quien ha apuntado que “el reconocimiento de la existencia de una realidad diferenciada” en materia social en la Diputación de Alicante ha permitido avanzar “para asumir nuestro compromiso, que es el de mantener en la institución provincial un gasto social”.

“Hoy lo que suscribimos es un acuerdo, que deberá ser aprobado por los plenos de ambas administraciones, para elevar a rango jurídico, y la asunción por parte de la Conselleria de las competencias sociales impropias de la Diputación y por parte de la institución provincial el compromiso de mantener, e incluso incrementar, el gasto social que ya venimos destinando en este ámbito”, ha precisado el dirigente alicantino.

En este punto, Mazón ha resaltado que la relación con la Conselleria que dirige Oltra “se basa en un modelo de cooperación y no de imposición” y en el “reconocimiento” a la labor social que realiza la institución alicantina. “Entendemos que esa es la única forma de avanzar”, ha apuntado.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell ha destacado “la voluntad política” de ambas partes para ordenar los servicios sociales “y solucionar un tema que se arrastra desde hace tres décadas”. “Me parece importantísimo el paso que estamos dando, es un paso histórico”, ha indicado Oltra.

Asimismo, ha explicado que en los próximos meses se determinará finalmente el porcentaje de municipios de menos de 10.000 habitantes cuyos servicios sociales pasarán a ser financiados por la Diputación, y que estarán entre el 70 por ciento y el 100 por ciento de localidades que no superan esa población. “Progresivamente, a medida que la Generalitat asuma las competencias impropias de la Diputación de Alicante, se irá incrementando la ratio de los habitantes hasta llegar a los municipios de 20.000, que es lo que marca la ley como competencia de la institución provincial”, ha precisado.

Finalmente, tanto Mazón como Oltra han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los más de 300 trabajadores que se verán afectados en los próximos años por este proceso. El presidente alicantino ha indicado que “todos los pasos que vayamos dando se harán con la participación, el conocimiento y el respeto a los derechos profesionales del colectivo de trabajadores del Centro Doctor Esquerdo y del Hogar Provincial”, a los que ha reconocido la “entrega, dedicación y preparación” demostrada durante la pandemia del Covid19.

Tras la firma, se ha reunido la Mesa Técnica Social en la que también han participado los diputados de Servicios Sociales, Mª Carmen Jover, del Hogar Provincial, Juan Francisco Pérez Llorca, y del Centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, así como técnicos de ambas administraciones para abordar las distintas actuaciones que contempla el acuerdo.