Una idea peligrosa

Los jueces hemos demostrado, en estos tiempos de locura gregaria, que nuestra labor de toma de decisiones reside en unos muros inexpugnables

El magistrado Ignacio Risueño Puchades
El magistrado Ignacio Risueño PuchadesLa RazónIgnacio Risueño

Hay cosas que es necesario contar, porque como dice un amigo «si no lo haces impides que se sepan, o peor aún, que otro las cuente por ti». Viene esto por el cuestionamiento que sufre el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal desde algunos sectores.

Los integrantes de la carrera judicial hemos tenido (en la gran mayoría) la vocación de encarnar un poder del Estado constitutivo de un servicio público que garantiza los derechos fundamentales y que lucha contra la delincuencia. Y lo más importante, hacerlo manteniendo impoluta la independencia intelectual y moral.

Para acceder a desempeñar tal labor, hemos afrontado una oposición que ahora se cuestiona. Un proceso selectivo que es tan objetivo en sus resultados como independiente el ejercicio del cargo.

Dos son principalmente los argumentos empleados para atacar el actual sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. El primero es que se centra únicamente en la capacidad memorística. El segundo, el carácter privado de la preparación. Estas afirmaciones son, cuanto menos, groseramente falaces. Y no se alejará mucho quien, tras leer la alternativa que hoy se pretende instaurar, opine que en realidad esconde «oscuras intenciones».

Decía que eran falaces porque, una vez superados los exámenes, el procedimiento de ingreso a la categoría de juez requiere de la superación de una fase teórico-práctica que dura aproximadamente 3 años dirigida por la Escuela Judicial. Nadie puede decir, que la oposición es meramente memorística.

En cuanto al carácter privado de la oposición, contar con un preparador no es un requisito -aunque sí recomendable-. Todos

conocemos magistrados y fiscales que realizan tal labor de manera altruista así como la existencia de becas.

En la última promoción de la escuela judicial (la 70), sólo un 4′89 por ciento tenía parientes (hasta el 2º grado) dedicados al ejercicio de la judicatura, sólo en un 43 por cien de los casos ambos padres tenían estudios superiores y más de un tercio ha trabajado con anterioridad a aprobar. Difícil sostener que es una carrera endogámica y reservada a las «élites económicas». Por cierto, más del 70 por ciento son mujeres, por desmontar alguna afirmación que seguro han oído.

Frente al actual sistema, se oyen diferentes propuestas, básicamente coincidentes en excluir la ecuánime valoración de conocimientos jurídicos (relegando la importancia de su existencia) y en desterrar la honestidad del propio sistema selectivo. Sin ánimo de aburrir, basta mencionar, de forma literal, la primera de las pruebas ideadas: test psicológico con la finalidad de «excluir a personas inidóneas para ejercer la jurisdicción».

Los jueces hemos demostrado, en estos tiempos de locura gregaria, que nuestra labor de toma de decisiones reside en unos muros inexpugnables, en aquello que Goethe llamaba su ciudadela interior y en la que no se permite la entrada a nadie ni a nada que no sea la recta aplicación de la Ley.

No quisiéramos que con estas propuestas lo que se pretenda sea construir ciudadelas «al gusto» del poder.