Las Apas católicas exigen a Educación controles de temperatura en la entrada de los colegios

Concapa CV, la Confederación que reúne a las federaciones de asociaciones de padres católicos de la Comunitat Valenciana, ha manifestado su disconformidad con el plan que la Conselleria de Educación ha previsto para el inicio de curso.

Consideran que al protocolo le faltan medidas como la de la toma de temperatura diaria en los colegios. En su lugar, critican que se obligue a las familias a remitir una declaración responsable que asegure que esta práctica se realiza en casa. «Es una maniobra de exención de responsabilidad».

Afirman que es obvio que las familias controlarán la temperatura de sus hijos y critican la «intolerable desconfianza manifestada hacia los padres y madres» durante el transcurso del Foro Educativo celebrado el viernes. «Hubo participantes que acusaron a las familias de enviar a los niños enfermos al colegio y administrarles antitérmicos para disimular».

Concapa critica que se traslade todo el peso a las familias, «mientras que a los componentes de la comunidad educativa no se les obligará a firmar ninguna declaración responsable que certifique que ellos se encuentren bien».

Esta Confederación insiste en rechazar que el inicio de curso se haya realizado con el consenso de la comunidad educativa y recuerdan que ya en mayo solicitaron que la reincorporación a las aulas fuera escalonada (medida que finalmente se adoptó el viernes), pruebas masivas de PCR y cribados periódicos a toda la comunidad educativa, así como la adquisición de termómetros para la toma de temperatura en los colegios y la colocación de mamparas en las aulas. «No hemos obtenido ninguna respuesta al respecto».

La última reivindicación a la Conselleria de Educación es la creación de un Observatorio de la covid en el que se pueda verificar la correcta implementación de los protocolos de seguridad y de su eficiencia y eficacia en los colegios e institutos. «Lamentablemente esta propuesta no mereció comentario alguno».

Concapa solicita al conseller Vicent Marzà que en las mesas sectoriales se acuerde de los representantes de las familias, «que no lo sea únicamente por imperativo legal».