El PP propone la creación de una “Oficina Antiokupa” en Valencia para asesorar a los afectados

La portavoz popular en el Ayuntamiento presentará la propuesta en el próximo pleno municipal

El PP en el Ayuntamiento de València propondrá en el próximo pleno municipal la creación de una ‘Oficina Antiokupa’ para el asesoramiento de vecinos y comunidades de propietarios que sufran la ocupación de sus viviendas, según ha anunciado este martes la portavoz popular, María José Catalá.

Catalá ha explicado que las denuncias por ocupación durante el primer semestre de 2020 han crecido “un 29,6 %” en la provincia de Valencia respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de 257 a 333 denuncias, mientras que en la Comunitat Valenciana ese incremento ha sido del 14,1% y en España del 5,03 %.

Para la portavoz popular, se trata de unos datos “muy preocupantes”, y ha opinado que, por el número de población y viviendas, “en gran medida el aumento de las ocupaciones en la provincia” se han producido en de València, por lo que solicitará una reunión con la delegada del Gobierno para conocer el alcance de las ocupaciones en la ciudad.

La portavoz popular ha anunciado también que solicitará una reunión con la Fiscalía provincial para pedir que la Policía Local pueda tener acceso a las agendas judiciales, “y de esta manera puedan ayudar a los vecinos y comunidades de propietarios que ven ocupadas sus viviendas”.

Además, el senador del PP Fernando de Rosa ha explicado que ante “el incremento de casos de ocupación ilegal de viviendas y la pasividad” del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha propuesto a través de una proposición de ley con un “plan Anti-okupación”, que fue presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de julio.

La propuesta plantea recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años, y que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos.

Además, prohíbe que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas; facilita que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales, y permite que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la okupación y puedan tomar medidas legales.

Todas estas medidas, ha resaltado el senador popular, “tienen que venir acompañadas de acciones sociales para ayudar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables para que se les garantice el derecho a una vivienda digna”.