Justicia invertirá 27 millones en 3 años para lograr la supresión del papel

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado que su departamento llevará a cabo una inversión de 27 millones de euros, a partir del próximo mes de diciembre, y a lo largo de los siguientes tres años, que permitirá conseguir el objetivo del “papel cero” en los juzgados valencianos.

Así lo ha anunciado este viernes durante su conferencia de clausura de la III Jornada Legaltech, organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con la colaboración del Colegio de Abogados de Valencia, las universidades Cardenal Herrera-CEU y Católica San Vicente Mártir, la Fundación Mutualidad de la Abogacía y las empresas Varona y Alastria.

Durante su intervención, Gabriela Bravo ha explicado que su departamento va a llevar a término a partir del próximo mes de diciembre una inversión de 27 millones de euros “que permitirá dar un salto cualitativo hacia la digitalización de la Justicia”.

Este programa de mejoras en modernización tecnológica de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana se ha planteado sobre dos ejes.

En primer lugar, el proyecto Just@CV para la renovación del Sistema de Gestión Procesal y la implantación del expediente digital que sustituirá al papel.

Está a punto de acabar el proceso de licitación del proyecto presupuestado en 15,9 millones de euros y que empezará a desplegarse el próximo mes de diciembre en un proceso que concluirá a finales del año 2024, ha informado la Conselleria en un comunicado.

En segundo lugar, el proyecto Scriba-e que, se ejecutará en el primer semestre de 2021, para la puesta en marcha del nuevo sistema de grabación de vistas y de presentación telemática de documentos procesales y que supondrá una inversión de 11,1 millones de euros

La consellera también ha explicado que, a causa de la COVID-19, se han celebrado desde el pasado mes de mayo los primeros juicios telemáticos.

En este sentido, esta modalidad supone “una gran oportunidad para las jurisdicciones de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo, así como en los juzgados de cláusulas-suelo”.

No obstante, ha advertido que para su generalización “va a ser necesaria más formación” entre los operadores jurídicos así como “cambios en las formas de trabajo” en un modelo “obsoleto” que afecta a los derechos de la ciudadanía.