Esto no va de monárquicos o republicanos

Estos días la carrera judicial ha asistido atónita a una lamentable, anómala, e inexplicable por inexplicada, situación provocada por la ausencia del jefe del Estado -rompiendo una tradición de 20 años- a la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces. En el discurso pronunciado durante el acto de entrega de despachos a los integrantes de la LXIX promoción de la Escuela Judicial, que se celebró por primera vez en la sede de este órgano técnico del CGPJ en Barcelona, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, expresó el “enorme pesar” del Poder Judicial por la ausencia este año del jefe del Estado. Esa presencia se viene considerando y así ocurre en todos los países de nuestro entorno, regímenes democráticos de absoluta solvencia, expresión del apoyo permanente de la Jefatura del Estado al Poder Judicial, cuya tarea en cualquier estado social y democrático de derecho es la defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los ciudadanos a los que los jueces sirven. Por ello la presencia del jefe del Estado en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario adquiere una singular relevancia añadida, al simbolizar la unidad y fortaleza de las instituciones.

En estas líneas solo quiero referirme a la Jefatura del Estado, pues la cuestión no va de monárquicos/republicanos, los jueces están sometidos al imperio de la ley y como ley suprema a la Constitución y será esta la que deba determinar dichas cuestiones, que los jueces aplicarán siempre. Esa es la esencia de su función. Ese “enorme pesar”, apartando cuestiones personales, se genera en el sentimiento de cualquier juez por el quebranto que manifiesta la solidez de valores como la fortaleza, la unidad, la colaboración y la lealtad de las instituciones. Son malos tiempos para generar quebrantos de esta índole, que resultan cuanto menos innecesarios.

Los jueces no intervienen ni toman partido en las disputas políticas, ni cabe interpretar su preocupación como adhesión a ninguna posición política. Ante situaciones como la vivida la preocupación por el discurrir de las relaciones del Poder Judicial con las instituciones del estado está más que justificada y constituye una dificultad añadida a la eficacia que en estos tiempos la sociedad necesita de los poderes públicos. La Jefatura del Estado será la que la Constitución determine, pero las relaciones institucionales son el eje que soporta el complejo engranaje de nuestro sistema jurídico, que en estos tiempos debe rodar con fluidez, ¿por qué se ponen palos en las ruedas?.