El redactor del PGOU dice que ni Alperi ni Castedo le presionaron

El arquitecto Jesús Quesada, que a partir de 2008 asumió los trabajos de redacción del Plan General de Alicante, ha declarado hoy, ante el tribunal que juzga el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de la ciudad, que ninguno de los exalcaldes investigados le presionaron a la hora de hacer su trabajo para que adoptase decisiones concretas.

En una larga comparecencia, que se ha prolongado durante cerca de tres horas, Quesada -que figuró como investigado en las diligencias hasta el año 2017- ha reconocido, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, que sí mantuvo al menos una reunión con Ortiz y Castedo en la que se habló sobre el PGOU y en la que también participó el técnico municipal José Luis Ortuño.

Con todo, al contestar a las preguntas formuladas por los abogados de las defensas, ha expuesto que ese tipo de reuniones eran habituales y necesarias.

“Me reuní con promotores, con urbanizadores, con propietarios de suelo, con comerciantes o con representantes de la Universidad”, ha explicado. En esas citas, ha dicho, escuchaba “lo que pretendían hacer y yo les daba mi opinión y les daba traslado al Ayuntamiento”.

También a preguntas de las defensas, ha sostenido que esa forma de proceder no fue nada diferente de lo que hizo en los trabajos que había realizado en la redacción de los planeamientos urbanísticos de otros 25 municipios.

El arquitecto ha apuntado que, igualmente, mantuvo al menos cuatro encuentros con Díaz Alperi, alguno de ellos en un conocido restaurante de la ciudad, en los que él le facilitaba “toda la información que me requiriese porque era el alcalde”. No obstante, ha afirmado que no recibió planos ni de Castedo ni de Alperi sobre determinados sectores.

Quesada ha sostenido, además, que el método de trabajo habitual a la hora de definir el planeamiento municipal era el de celebrar reuniones con los técnicos municipales en el seno de una comisión técnica en la que “se debatía y se discutía mucho”.

En esta línea, ha apuntado que, en el caso de que existiese disparidad de criterios o de pareceres, al final se imponía la opinión que considerase el Ayuntamiento. Y lo mismo se aplicaba en la resolución de las alegaciones.

Respecto a su tramitación, ha asegurado que no recibió indicaciones del abogado Javier Gutiérrez, pese a que ha admitido que fue un colaborador externo de su gabinete, Laboratorio de Proyectos, durante la redacción del PGOU.

El arquitecto también ha negado que adoptase ninguna decisión para incrementar la edificabilidad en sectores en los que Ortiz tuviese intereses e, incluso, ha señalado que “no conocía quien eran los propietarios de los suelos”.

Por último, ha dicho que no “apañó” nada respecto al sector del APA-9 en Vistahermosa, en relación a algunas de las conversaciones captadas por la Policía, y ha manifestado que con la expresión “pintar de azul”, que también figuran en los pinchazos telefónicos practicados a los investigados, se entendía como “ordenar un suelo como dotacional reservado para equipamientos públicos”.

A lo largo de toda su declaración, Quesada ha insistido en que sus decisiones siempre trataron de “buscar el beneficio de la ciudad”.

En la jornada de este lunes también estaba prevista la declaración del primer arquitecto redactor del PGOU, Luis Cantallops. Sin embargo, su comparecencia ha tenido que suspenderse por problemas en el sistema de videoconferencia en el que debía ofrecer su testimonio. Su declaración ha quedado aplazada todavía sin fecha concreta.

Sí que ha prestado testimonio, antes que Quesada, el arquitecto municipal Miguel Ángel Cano, ya jubilado, quien ha sostenido que tampoco recibió presiones de nadie a la hora de emitir informes sobre el PGOU.

No obstante, ha señalado, respecto al funcionamiento de la comisión mixta de seguimiento sobre los trabajos de redacción del PGOU, que en caso de disparidad de criterios, era el gabinete redactor de Quesada el que imponía su criterio.

El juicio prosigue mañana, martes, con la declaración de nuevos testigos.

La causa es una de las 20 piezas en las que se dividió la investigación original sobre la contrata de las basuras del municipio de Orihuela (caso Brugal).

Se dirige contra los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz, además de otros seis acusados, entre los que figuran los abogados del bufete Salvetti, José Luis Castedo (hermano de la exregidora) y Javier Gutiérrez, y el también constructor Ramón Salvador.

La Fiscalía considera que los dos expolíticos concedieron un trato de favor a Ortiz en la redacción del planeamiento urbanística de la ciudad a cambio de supuestas dádivas. Entre ellas, entregas de dinero en metálico, viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta, y un vehículo modelo Mini Cooper, según el sumario.