La Diputación de Alicante exige una ley que actúe contra la ocupación ilegal

El pleno de la Diputación de Alicante aprobó ayer una moción conjunta de los grupos que conforman el equipo de gobierno –PP y Cs- en la que se insta al Gobierno central a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de vivienda.

El diputado de Carreteras, Alejandro Morant, quien fue el encargado de defender este acuerdo, que ha contado con el voto en contra del grupo Compromís y la abstención del Grupo Socialista, ha puesto de manifiesto que “lo que se esconde detrás de estas ocupaciones ilegales es, en la mayoría de los casos, mafias y redes de negocios ilegales muy lucrativos” y ha advertido de la situación de degradación que la ocupación ilegal de viviendas provoca en muchos barrios y calles de los municipios. “Hay barrios enteros muriendo por esta lacra”, ha apuntado.

El responsable provincial defendió la necesidad de que las administraciones competentes, especialmente la autonómica, genere parques de viviendas públicas para los ciudadanos y familias que se encuentran en situación de emergencia o exclusión social y ha defendido las modificaciones legales y las medidas incluidas en las proposiciones de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, los grupos de la oposición indicaron, para justificar su rechazo a la propuesta, que “ya hay mecanismos legislativos para combatir la ocupación ilegal y lo que falta son recursos en los juzgados”, ha defendido el portavoz de la formación nacionalista, Gerard Fullana, mientras que por el del grupo socialista, Toni Francés ha focalizado el problema en los bancos y fondos buitres “que en muchos casos no denuncian la ocupación ilegal de sus viviendas y, por tanto, no se puede iniciar el trámite de desalojo de oficio”.

El pleno celebrado de forma telemática también fue espacio para mostrar el rechazo de la Diputación a la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de declarar la sobreexplotación de acuíferos del Alto Vinalopó a través de una moción conjunta suscrita por los grupos PP, PSOE y Cs, que ha contado con la abstención de Compromís.

La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, recordó que se trata de una decisión “unilateral” y que supone un “agravio comparativo” para los usuarios de la provincia de Alicante “sin que previamente se haya garantizado el suministro de agua para los afectados por esta decisión”.

“La falta de previsión y la toma de acuerdos equivocados por parte de distintas administraciones, como la derogación del trasvase del Ebro o el cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, nos ha llevado a esto”, lamentó la diputada, quien alertó de que “la provincia de Alicante lleva recibiendo amenazas por parte del Gobierno central desde hace un año en materia hídrica”.

En este sentido puso como ejemplos el rechazo de las Confederaciones del Júcar y del Segura de formar parte de la Comisión Provincial del Agua, el contenido del Esquema de Temas Importantes del Tajo-Segura con propuestas para reducir la cantidad trasvasable o la petición del Ministerio de Transición Ecológica para cambiar las reglas de explotación de esta cuenca. “El problema de este país no es la falta de agua sino la mala gestión”, ha alertado.

El texto aprobado, que ha incorporado aportaciones de todos los grupos políticos en aras al consenso, insta al Gobierno de España y a la CHJ la exención de los costes de amortización del trasvase Júcar-Vinalopó para los usuarios, solicita la aprobación de un decreto en el que se articulen ayudas para los afectados y reclama que las medidas a adoptar se desarrollen con el acuerdo de las comunidades de usuarios representativas de esas masas de agua que han de constituirse.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez ha manifestado su satisfacción “por la voluntad de acuerdo para defender los pactos alcanzados en la Mesa Provincial del Agua para el uso de los acuíferos mientras no haya otra alternativa para garantizar el suministro a todos usuarios y actividades económicas de la provincia”. Ha incidido en que es una opción necesaria “en ausencia de un pacto nacional por la mala gestión del Gobierno, que no plantea alternativas y mira hacia otro lado”. La solución es, a su juicio, “ir de la mano. Si somos incapaces de llegar a acuerdos en el propio territorio valenciano perderíamos la legitimidad para poder negociar con otras autonomías”, ha advertido.

Durante la sesión se ha aprobado, asimismo, una moción del Grupo Popular en la que se exige a la Conselleria de Sanitad a que de forma urgente posibilite la apertura y puesta en funcionamiento del Edificio de Rehabilitación Psicosocial del Centro Doctor Esquerdo como Hospital de Salud Mental y tratamiento de toxicomanías y con la oferta asistencial solicitada.

Tal y como ha señalado el diputado responsable del área, Juan Bautista Roselló, el centro “cumple todos los requisitos que eran exigibles, técnica y legalmente” por lo que la decisión de la Generalitat del pasado mes de septiembre de denegar su apertura “está totalmente infundada”.

“La postura de la Conselleria condena al edificio a no poder destinarse al uso previsto y a los usuarios y pacientes necesitados de estas instalaciones a no poder usarlas, con la indignación de haber visto como la Conselleria las ha utilizado, sin ningún problema, dos meses antes”, en este caso para descongestionar diferentes hospitales de la provincia para atender pacientes ingresados por Covid19, tal y como ha puesto de manifiesto Roselló.

El responsable provincial, quien ha reiterado “que no tiene sentido que el expediente para la apertura del centro esté sobre la mesa de la Conselleria durante tres años sin resolverse”, ha recordado, asimismo, que la Diputación de Alicante financia los servicios de salud mental, con un coste aproximada de 12 millones de euros anuales a pesar de tratarse de una competencia impropia que corresponde a la Generalitat.

Gutiérrez, por Ciudadanos, ha mostrado su respaldo a la moción y ha reclamado “que se permita que los usuarios de Doctor Esquerdo hagan uso de unas instalaciones de vanguardia, que permanecen bloqueadas ya tres años”. Ha criticado, además, “que a otras formaciones se les llena la boca con el Fondo de Cooperación y se olvidan de pedir que el Consell asuma las competencias impropias”.

Por su parte, tanto Compromís como el PSOE han rechazado el texto al entender que el retraso responde a “cuestiones técnicas” y acusar al equipo de gobierno de hacer uso de este tema para “atacar políticamente al Gobierno valenciano”, ha indicado la diputada socialista Eva Delgado.

En otro punto del orden del día se aprobó, en este caso por unanimidad y a instancias del Grupo Compromís, un acuerdo para defender el uso de los recursos municipales, reclamando al Gobierno de España la aprobación inmediata del decreto que permite a los ayuntamientos hacer uso de los remanentes de tesorería y la suspensión de la regla del gasto.

Por otra parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha defendido la gestión y el proyecto cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en respuesta a la moción presentada por el diputado de Compromís, Gerard Fullana, a quien ha invitado “a conocer una propuesta gestionada con total transparencia. Todos los pasos que se han dado son públicos, incluido el nombramiento del equipo que acompañará durante esta legislatura a la dirección, que se ha hecho conforme a lo establecido en los estatutos y en consenso con la responsable de conducir una de nuestras instituciones culturales más emblemáticas y prestigiosas”.

La vicepresidenta pidió “un voto de confianza a favor del nuevo equipo directivo que acaba de arrancar con muchas ganas” y ha defendido además la autonomía cultural de la institución y su buen funcionamiento. “Esto no es Divalterra”, ha apostillado.

Finalmente, y ante la moción del Grupo Socialista de constituir un Foro de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, los grupos de gobierno han presentado una enmienda a la totalidad contra este acuerdo al considerar que el futuro Reglamento Orgánico de la Diputación, que esta misma mañana ha sido entregado en la Junta de Portavoces a la oposición para su estudio y debate, ya contempla la participación de los ayuntamientos en la política provincial a través de iniciativas como el 'Escaño 32″, que permitirá la intervención de hasta tres alcaldes en los plenos provinciales.

Tras pedir al portavoz socialista que dejará el punto encima de la mesa, petición que ha sido rechazada por Francés, el portavoz de Gobierno, Adrián Ballester, ha trasladado el compromiso de la institución con “la participación activa de los alcaldes”, quienes además de los plenos, tendrán la oportunidad de asistir al debate sobre el Estado de la provincia, tal y como se recoge en el borrador del nuevo reglamento.

“Incluso podríamos incluir ese foro que el Grupo Socialista propone en el futuro reglamento que está previsto aprobar en noviembre porque nuestra voluntad de diálogo es absoluta”, ha indicado Ballester, quien ha incidido, asimismo, en que la nueva norma también fomenta la participación ciudadana en la gestión provincial a través de figuras como la iniciativa popular.