El PP reta a Puig a explicar qué criterio guía las concesiones sanitarias

Bonig pregunta por qué IMED puede recibir 6 millones mientras niegan la renovación a Ribera Salud del Hospital de Torrevieja

La crisis sanitaria generada por la covid no ha hecho que la Generalitat valenciana se plantee variar su hoja de ruta con respecto a las concesiones sanitarias. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, confirmó ayer que no se renovará la concesión del Departamento de Torrevieja al grupo Ribera Salud. «La medida se toma en base a uno de los pilares básicos que rige la actuación de este Gobierno y que no es otro que reforzar la sanidad pública, mejorar su calidad, eficiencia y universalidad», argumentaba Barceló mientras un grupo de sanitarios asistía de espaldas y en señal de protesta a su intervención ante los medios de comunicación.

Para el PP a esta decisión le faltan argumentos y pregunta por qué el Gobierno del Botànic revierte la concesión del Hospital de Torrevieja, pero adjudica cuatro millones a laboratorios privados para que realicen PCR y seis millones de euros al IMED para atender a los pacientes derivados de hospitales públicos durante la pandemia.

«Sigue criterios políticos, no técnicos. Siempre hemos estado a favor de la colaboración público- privada, no lo criticamos, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Ya llegaremos a la verdad», aseguró ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

La popular lamentó que el presidente Ximo Puig incurra continuamente en contradicciones que le restan credibilidad y pidió que, al menos, la reversión de Torrevieja no sea una «chapuza», como sí lo ha sido la del Hospital de Alzira. «Se han triplicado las listas de espera a pesar de que hay el doble de personal», apuntó Bonig en una tesis que suscribió el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó y que, por supuesto, rechazó el resto de formaciones firmantes del Botànic.

«Rescatar y cuidar personas»

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció que hoy se le comunicará a la concesionaria la intención de no prorrogar el contrato de gestión, que vence en octubre de 2021, así como las normas para la recepción de los elementos materiales, inmateriales y del personal afectado por el contrato en las condiciones que marca el acuerdo de gestión de servicios públicos por concesión.

«Se da así cumplimento al eje tercero del acuerdo del Botànic II: Servicios Públicos para continuar rescatando y cuidando a las personas».

Barceló defendió que la importancia de fortalecer el sistema sanitario público se ha visto reforzada en este momento tan relevante donde la pandemia ha requerido de una movilización de recursos humanos y económicos sin precedentes.

La decisión se toma, exclusivamente, en base a criterios de eficiencia. «La inversión en mejorar la salud de los valencianos y las valencianas no puede estar condicionada a reducciones de costes encaminadas a la obtención de beneficios».

Por su parte, la gerente del Departamento de Salud de Torrevieja, Eva Baró, negó con rotundidad el argumentario de la consellera. «No se justifica ni por términos de eficiencia, ni por términos de calidad ni por, lo más importante, los resultados de salud en la población».

Incidió en que informes oficiales y auditorías de todo tipo, como el del Síndic de Comptes, avalan que Torrevieja es el departamento de salud con menos lista de espera, con mayor esperanza de vida, con mayor inversión por habitante y con una gestión más eficiente que ahorra dinero al gobierno valenciano.

Por su parte, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, del PP, exigió a la Conselleria de Sanidad que se comprometa a invertir los 40 millones previstos por la actual empresa concesionaria en mejoras de la asistencia sanitaria para los próximos tres años y que se garantice que todos los trabajadores del área mantengan sus actuales condiciones laborales.

El presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, calificó esta actuación de «error», como el que se cometió en Alzira, que contaba con un nivel de satisfacción entre los usuarios muy alto e insistió en que «la concesión de la gestión a la iniciativa privada no es privatizar la sanidad».