Los registradores de la propiedad detectan seis casos al día sospechosos de blanqueo de capitales en la Comunitat

Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de la Comunitat Valenciana han detectado durante el primer semestre de este año 1.125 posibles casos de blanqueo de capitales, lo que supone una media de seis casos sospechosos por día.

De esas alertas, 608 procedieron de los registros Mercantiles y de Bienes Muebles, situando a la Comunitat Valenciana en la tercera autonomía que más alertas registró por detrás tan solo de Madrid (4.913) y Cataluña (2.659). A una distancia considerable le siguen Andalucía (363) y Baleares (320).

El resto de alertas, 517, procedieron de los registros de la Propiedad. En este caso, la Comunitat Valenciana se sitúa en cuarto lugar en número de alertas informadas al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), por detrás de los decanatos de Madrid (702), Andalucía Oriental (622) y Andalucía Occidental (582).

Según informa el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España, en toda España se han informado 14.430 posibles operaciones de blanqueo de capitales durante el primer semestre del año, cifra muy similar a la registrada en el mismo período de 2019, donde se detectaron 15.690 alertas.

A lo largo de todo el ejercicio 2019 se contabilizaron 31.798 alertas en España, casi diez mil más que en 2018. De ellas, 3.722 procedieron de los registros de la Comunitat Valenciana, siendo la segunda región que más alertas informó por parte de los registros de la Propiedad, y la tercera en el caso de los registros Mercantiles y de Bienes Muebles.

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España. Entró en vigor en marzo de 2016 y actúa con plena autonomía técnica, no pudiendo recabar o recibir instrucciones, generales o específicas, de los órganos de la organización colegial.

Su principal función es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los Registradores, según las fuentes.

El CRAB tiene como finalidad minorar la carga de trabajo del SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera), al realizar una labor de análisis integrado, y eximir de responsabilidad a los registradores que detectan una posible operación sospechosa de blanqueo de capitales y la comunican a su órgano centralizado de prevención, además de darles apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones legales (control interno, verificación de sancionados, formación...).

Las principales cuestiones que valora a la hora de detectar operaciones irregulares son el uso de medios de pago opacos, los vínculos con paraísos fiscales y las alteraciones de valor (más en el Registro de la Propiedad, aunque también el Registro Mercantil puede advertir un cambio en el valor de una sociedad limitada tras una ampliación de capital).