El PP de Valencia reclama un plan contra la ocupación ilegal

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, y el senador del PPCV, Fernando de Rosa, se reunieron esta mañana con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, para conocer los datos sobre cómo está funcionando en la ciudad de Valencia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con motivo del estado de alarma, el toque de queda y “el preocupante dato de las ocupaciones de viviendas”.

Catalá demandó un refuerzo policial para Valencia, ya que desde que llegó Ribó y el PSPV a la alcaldía en la ciudad “hemos pasado de una aplantilla de Policía Local formada por 1.659 agentes en 2015 a 1.458 agentes este año, 153 policías locales menos. Una situación que se ha visto agravada por un brote de coronavirus que tiene a unos 50 policías locales en aislamiento”.

Los dos representantes del PP, al finalizar la reunión, incidieron en denunciar la necesidad de que se desarrolle una Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, ante el incremento de casos de ocupación ilegal de viviendas y la pasividad el Gobierno de Pedro Sánchez. "En la provincia de Valencia han aumentado en el primer semestre de 2020 un 29,6, pasando de 257 a 333 denuncias, más de 15 puntos por encima de la media autonómica y más de 24 puntos por encima de la media nacional (según datos oficiales del ministerio del Interior) En la Comunitat Valenciana ese incremento ha sido del 14,1 por ciento mientras que a nivel nacional se ha producido un incremento del 5,03.

Además, la delegada del Gobierno ha informado a Catalá y de Rosa que en lo que va de año en la ciudad se han producido 250 allanamientos y ocupaciones ilegales de viviendas, lo que supone que la ciudad aglutina el 60 por ciento de las ocupaciones en toda la provincia.

El senador Fernando de Rosa expusieron la propuesta a la delegada de Gobierno que, a través de la Junta de Seguridad Locales, se dé acceso a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a las agendas judiciales para impulsar la coordinación policial con el objetivo de luchar contra las ocupaciones.