Un técnico dice que Ortiz habría revalorizado sus terrenos con el PGOU bajo sospecha

Mediante reclasificaciones, habría obtenido 42 millones

El empresario Enrique Ortiz (i) en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Alicante junto a otros acusadosMorellEFE

Un arquitecto adscrito al servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Alicante ha declarado hoy como perito en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de la ciudad que el empresario Enrique Ortiz habría logrado revalorizar en 24,5 millones unos terrenos de su propiedad situados en la partida de Fontcalent si hubiese entrado en vigor el planeamiento bajo sospecha.

El técnico ha comparecido a petición de la acusación particular que ejerce el propio Ayuntamiento de Alicante.

Ha explicado que su informe comparaba el valor de tasación de las propiedades de Ortiz en función de la clasificación urbanística que tenían con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de 1987, con el que habrían tenido en el supuesto de que se hubiese aprobado de forma definitiva el PGOU, validado inicialmente por el pleno municipal en 2010, con la intención de que fuera refrendado por la Generalitat.

En su conjunto, en ese informe se concretaba que los terrenos de Ortiz se habrían revalorizado en 42 millones mediante la reclasificación de suelos y la adscripción de derechos de edificabilidad en sectores urbanizables, según ha concretado el letrado de la acusación particular, José María López Coig, al término de la sesión.

No obstante, a preguntas de las defensas, el propio arquitecto municipal ha admitido durante su declaración que las conclusiones de ese informe de tasación -emitido a petición de la representación legal del consistorio- no tendrían validez actual en la medida en que el equipo de gobierno desistió de la tramitación del nuevo PGOU a principios de 2015 y, por tanto, sus cambios no llegaron a aplicarse.

En la sesión del juicio también ha comparecido un perito que emitió un informe sobre la grabación captada por el empresario Ángel Fenoll sobre la presunta irregularidad en el contrato de recogida de residuos del municipio de Orihuela (Alicante), que dio origen a la causa matriz del ‘caso Brugal’.

Este perito ha asegurado que elaboró ese informe a solicitud de la empresa Urbaser, que se habría visto perjudicada por esa supuesta adjudicación anómala.

Ha sostenido que nunca tuvo el original de esa grabación, sino una copia en CD. Además, ha confirmado que halló indicios de presunta manipulación, al identificar al menos doce cortes distintos.

La causa sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante se dirige contra los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, además de contra Enrique Ortiz, entre otros seis procesados.

La Fiscalía sostiene que los dos expolíticos concedieron un trato de favor al conocido constructor en la redacción del nuevo PGOU de la ciudad durante su fase de redacción.

A cambio, según el sumario, el empresario habría ofrecido supuestas prebendas a los dos exdirigentes. Entre ellas, entregas de dinero en metálico, viajes pagados a Andorra, Ibiza y Creta y un vehículo modelo Mini Cooper.