El PPCV recuerda que ellos ya pararon en los tribunales la exclusión del castellano como lengua vehicular

Bonig y Catalá firman el manifiesto de la Mesa por la Educación en Libertad

De izquierda a derecha, María José Ferrer Sansegundo, Isabel Bonig, María José Catalá, Julia Climent y Marta TorradoLa RazónPP

La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y exconsellera de Educación, María José Catalá, han mostrado su adhesión al manifiesto de la Mesa por la Educación en Libertad que reclama la paralización de la Ley Orgánica de Educación, más conocida como Ley Celaá, sobre todo en lo relativo a la educación concertada que queda supeditada a un papel subsidiario de la educación pública, al suprimirse el concepto de «demanda social» lo que pone en riesgo su continuidad. Y también en lo que hace referencia a la supresión del castellano como lengua vehicular.

Tanto Bonig como Catalá han recordado que en la Comunitat Valenciana «el fundamentalismo de los nacionalistas ya quiso acabar con el castellano en la Educación» y que el PP paró esto en los tribunales: «el presidente Puig lleva ya 42 sentencias en contra en materia educativa y lingüística».

Catalá ha explicado que lo único que pretende la reforma es «dar cobertura a las imposiciones ideológicas de la izquierda en materia educativa» y anunció una moción en el Ayuntamiento para pedir al Gobierno de España que retire la tramitación de la ley.

Catalá ha dicho que el bilingüismo era una riqueza y que no era incompatible la promoción del valenciano con el mantenimiento del castellano como lengua vehicular.

La portavoz municipal ha recordado que el reglamento de funcionamiento interno del Ayuntamiento también dejaba a la elección del Consistorio la lengua en la que debía contestar a los ciudadanos, independientemente de cómo estos se expresen.

Bonig, por su parte, ha explicado que la ley también supondrá la desaparición en el plazo de diez años de la educación especial para aquellos niños con déficit de atención u otras circunstancias similares.

Respecto a la amenaza a la educación concertada, la líder del PP ha señalado que la primera comunidad que quiso quitar la «demanda social» fue la Valenciana y que «también esto lo paramos en los tribunales».

Bonig también ha pedido que se asegure la independencia de la Alta inspección Educativa «que en la Comunitat Valenciana está maniatada para que no pueda denunciar el adoctrinamiento».

La presidente del PP ha abogada por el «bilinguismo cordinal» y ha hecho hincapié en que la educación concertada es tan pública como al educación pública.

Bonig ha dicho que su partido ya ha anunciado que recurrirá la Ley Celaá ante los tribunales y ha dicho que dicha acción legal tendrá el mismo éxito que los recursos presentados por el PPCV y que han sido refrendados por las sentencias tanto en el Tribunal Superior de Justicia de la CV como en el Tribunal Supremo.