El juez cita a 23 imputados más en la causa que investiga a Carlos Fabra

El juzgado trata de averiguar si se produjo una ocultación patrimonial para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra (en la imagen, acompañado por su hija Andrea,) declara ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que le investiga a él y a cuatro personas más en una causa que trata de averiguar si el exmandatario popular ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión.Domenech CastellóEFE

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado en un auto tomar declaración a 23 nuevos investigados (entre personas físicas y jurídicas) en el marco de la causa donde se investiga si el expresidente de la Diputación Provincial Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.

Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.

El auto dictado por el juez instructor también incluye requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

Con los nuevos citados, el número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.