El “chiringuito” del Ayuntamiento de Valencia para crear empleo

La Intervención detecta fraccionamiento de contratos, gastos no justificados y duda del método de selección de los trabajadores de la Fundación Valencia Activa

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, y el alcalde Joan Ribó @MAO /AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha detectado contrataciones irregulares y fraccionamiento de contratos en la Fundación Valencia Activa, un organismo municipal para el fomento del empleo en el que también ha advertido algunas adjudicaciones sin cumplir la Ley de Contratos del Sector Público.

Así se concluye del informe provisional de auditoría integral de 2019 de la Fundación, al que ha tenido acceso Efe y que lleva a la Intervención a emitir una opinión desfavorable sobre el organismo que actualmente depende de la concejala Pilar Bernabé y que en la pasada legislatura llevaba la actual vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez.

Fuentes del gobierno municipal se han limitado a decir que se trata de un informe provisional que carece de validez"

El trabajo se ha centrado en comprobar que la tramitación de contratos se ha ajustado a la normativa aplicable en sus diferentes fases y, respecto a los contratos menores concluye que se supera el importe máximo establecido en la normativa. Advierte de que hay contratos «repetitivos» como los de alquiler de maquinaria, suministros de oficina, asistencia informática, mobiliario o limpieza de locales, y por tanto, debe considerarse un fraccionamiento de contrato.

También se han detectado inversiones en cafeteras, frigoríficos o microondas por importe de 3.314 euros en 2019 y ejercicios anteriores «no asociadas al desarrollo de la actividad».

Respecto a los gastos de personal, detecta que en la relación de puestos de trabajo no se especifica las retribuciones complementarias, ni se especifica en los contratos el convenio colectivo que se les aplica, sin existir además autorización «expresa» para «estos incumplimientos contractuales».

Igualmente, reprocha una reclasificación de puestos de trabajo con un incremento de retribución anual del 26,6 por ciento “sin aplicar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” ni “la necesaria modificación de la relación de puestos de trabajo”.

En 2019 se ha producido el alta de 23 trabajadores, 1 fijo y 22 temporales “sin acreditar” la tasa de reposición ni corresponderse con puestos de trabajo previsto en la relación, sin realizar pruebas selectivas “sino de valoración de currículum” y una entrevista, y sin publicitarse los resultados de este proceso.

Incide expresamente en que en la contratación del gerente de la Fundación “no se acredita en el expediente” su competencia profesional y en el nombramiento de dos directivos, no se ha obtenido el acta de autorización de uno de ellos y del otro no se justifica su asignación por mérito y capacidad.

“No están previstos en los estatutos de la Fundación los dos cargos”, asevera el informe, que incide en que, por tanto, han sido creados “sin un soporte jurídico que les habilite para ello” ni existe previamente un informe del servicio de personal del Ayuntamiento al respecto.

El Ayuntamiento, incide, ha aportado el 85,3 por ciento de la financiación de la Fundación, como hace habitualmente, para contribuir al cumplimiento de sus objetivos de fomento del empleo, formación y emprendimiento, aunque en la memoria “no se hace ninguna referencia al principio de empresa en funcionamiento”.

También concluye que la Fundación ha presentado un déficit de cerca de 884.000 euros, “lo que supone un incumplimiento” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.