La juez da la razón a Camps y cita a declarar a la Abogacía de la Generalitat en la causa Valmor

La juez que instruye la denominada como causa Valmor que investiga un delito de malversación en la asunción por parte de la Generalitat del aval que extendió Bankia a Valmor para la celebración del campeonato de Fórmula 1, ha dado la razón al expresidente Francisco Camps, único imputado en la causa, y citará como testigos tanto a la directora de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez, como a su superior político, Andreu Ferrer, secretario autonómico de Presidencia.

La juez rechaza de este modo el recurso planteado por la Abogacía de la Generalitat que consideraba la petición de declaración testifical de ambos como “impertinente”, y mantiene de este modo su citación que se sustanciará el próximo día 25 del corriente mes de noviembre.

Señala su señoría en el auto que “la razón de saber de dichos testigos no está claramente explicitada en su escrito de justificación pero esta juez instructora ha considerado que siendo prueba propuesta por la defensa y teniendo presente los cargos que en la actualidad ejercen tanto la señora Rodríguez como el señor Ferrer, podrían aportar luz sobre los aspectos sobre los que sean preguntados en lo que se refiera al objeto determinado por la Audiencia Provincial y teniendo presente que no se trata de una pericial por lo que no podrán ser interrogados como si peritos fueran”.

La defensa de Francisco Camps planteó la petición -de forma poco clara, al parecer de la juez- de que ambos testigos debían explicar el derecho inglés que le era de aplicación al acuerdo por el que la Generalitat asume el aval de Valmor, y en virtud de esa normativa extranjera, de dónde provenía el perjuicio para la Administración valenciana.

Además, sostiene la defensa de Camps que la Abogacía encargó a un despacho de abogados la elaboración de un informe al respecto, y que dicho encargo pudo ser irregular ya que “la Abogacía de la Generalitat es un órgano de asesoramiento jurídico, por lo que no puede pedir un dictamen a un despacho de abogados”. En todo caso, y siempre según la defensa letrada, debe ser la juez quien se dirija a los tribunales británicos para pedir asesoramiento. Además, siempre según las mismas fuentes, el órgano que debería haber pedido dicho informe es la Conselleria de Obras Públicas cuya titular entonces era María José Salvador, que fue quien impulsó la acusación que la Abogacía ejerció.