El PP pedirá rebajar al diez por ciento el IVA del deporte

El grupo «popular» de Les Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley en la que instan al Consell a que a su vez inste al gobierno de la nación a aprobar el tipo reducido del diez por ciento del IVA para la adquisición de productos, equipos, actividades o servicios en el sector del deporte.

Según señala el diputado Luis Martínez, la actividad física y el deporte es parte del día a día de millones de ciudadanos y es evidente la directa vinculación de la práctica deportiva con la salud.

Recuerda los datos del propio Ministerio de Sanidad según los cuales se producen 50.000 muertes al año provocadas directamente por el sedentarismo y calcula unos costes sanitarios superiores a 5.000 millones de euros debido a esta lacra que es la inactividad física. Cifras que se reducirían de manera considerable si se adoptaran, entre otras, medidas de apoyo fiscal a la práctica deportiva.

El Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes han declarado que los datos de la Agencia Española de Salud en el Deporte demuestran los beneficios de la práctica de la actividad física y el deporte en la sociedad, tanto para la salud de la población como para la reducción del gasto sanitario en España. Asimismo, el riesgo estimado de padecer algunas enfermedades se puede llegar a duplicar como consecuencia del sedentarismo, sin olvidar la evidente disminución del consumo de medicamentos en las personas físicamente activas.

El Anuario de estadísticas deportivas, publicado en el año 2019, recoge que el número de empresas cuya actividad principal es la deportiva supera a las 34.000. La mayor parte de ellas se corresponden con actividades deportivas tales como la gestión de instalaciones, las actividades de los clubes deportivos o de gimnasios, indicando que el volumen medio anual de empleo vinculado a estas explotaciones ascendió en el año 2018 a más de 214.000 personas.

Señala Martínez que «de todos es conocido que, desgraciadamente, todas estas instalaciones han tenido que echar el cierre como consecuencia de la grave crisis sanitaria de la Covid-19, sin tener en el horizonte cuándo y cómo se volverá a la actividad principal de esas empresas. Es responsabilidad de los poderes públicos promover el uso de determinados servicios por los ciudadanos y, al igual que se está intentando promover otros sectores, debe promoverse y facilitarse a los ciudadanos de nuestro país, una vez terminada la crisis sanitaria de la Covid-19».