Acusación y defensas piden al juez de Taula que le dé el «oportuno impulso procesal» a la causa

Si en algo coinciden la acusación y las defensas de los imputados en la operación Taula es en que el incomprensible parón que sufre la causa en los juzgados desde hace cinco años, está perjudicando los intereses de ambos.

La acusación, porque ve que la condena, si la hubiera finalmente, se podía ver reducida por las dilaciones indebidas. Y las defensas, porque pretenden que este calvario judicial en su opinión poco fundamentado, pase cuanto antes de sus vidas.

Así las cosas, la representante legal de Compromís, acusación en la causa, ha presentado un escrito en el que expone que «dado el tiempo transcurrido sin que en la presente pieza separada se haya dictado resolución alguna y aun siendo consciente esta parte de la enorme complejidad de la causa en su conjunto, en evitación de que se causen dilaciones indebidas, que también afectan al derecho de esta acusación popular, intereso que se dé a la causa el oportuno impulso procesal, dictando la resolución a que haya lugar en Derecho».

Además, Compromís le recuerda al juez que esta petición no es la primera vez que se cursa, si no que ya presentó una de idéntico tenor el 30 de septiembre de 2019.

Y ante la falta de respuesta en aquel momento, señala el escrito que caso de que no se le pueda dar impulso a la causa que «se informe a las partes de los obstáculos que puedan existir para que la causa siga su curso normal».

Del mismo modo, aunque con bastante más contundencia, se expresa la defensa de la exconcejal, Beatriz Simón que en un escrito bajo el título «Octavo recordatorio de escritos no proveídos desde hace tres años», señala que “parece ser que superaremos una pandemia mundial pero no la inactividad de este órgano jurisdiccional, siendo que la misma está generando serios quebrantos en los derechos de mi patrocinada y constituye una seria desatención de las funciones encomendadas por las leyes y la Constitución a los Juzgados de instrucción».

Alega la defensa de Simón que «en fecha 16 de enero de 2018 interesamos la separación de piezas por considerar que la actual estructura de la instrucción era perjudicial para los derechos de mi representada». Y que posteriormente, lo volvieron a solicitar hasta en seis ocasiones más sin obtener respuesta en ninguna de ellas. Expone también que en seis ocasiones han pedido el sobreseimiento de la causa, sin obtener ni siquiera respuesta, al igual que en otras peticiones formuladas y que también menciona.

Por último, el escrito carga también contra el Ministerio Fiscal «quien tiene la obligación de instar al Juez a dictar alguna de las resoluciones» y dice que el plazo de instrucción está más que agotado.