Disminuyen los desahucios pero aumentan los despidos y los concursos

Los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad Valenciana practicaron durante el tercer trimestre de este año 1.137 lanzamientos (también denominados desahucios), un 21,3 por ciento menos de los 1.348 ejecutados un año antes. Sin embargo, los concursos de acreedores registrados en este periodo aumentaron un 36 por ciento (un 40,9 los de personas físicas y un 32 los de empresas), al tiempo que las demandas por despido contabilizadas en los Juzgados de lo Social subieron un 35,3 por ciento.

Estos son algunos de los datos recogidos en el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que refleja la reactivación de la actividad judicial y los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19. Todo ello después del impacto del confinamiento, que supuso en el trimestre anterior la suspensión generalizada de plazos procesales.

En los Juzgados de lo Mercantil se presentaron 1.781 concursos, un 13 por ciento más que en el tercer trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 617, lo que supone el 34,6 por ciento del total nacional. Le siguieron Madrid, con 325; la Comunidad Valenciana, con 263; y Andalucía, con 119.

En la Comunidad Valenciana, esos 263 concursos supusieron un aumento del 32 por ciento respecto de los 199 contabilizados entre julio y septiembre de 2019.

Pero el mayor aumento se produjo en los concursos de personas físicas, que se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia y en los de Primera Instancia e Instrucción, que pasaron de 186 en el tercer trimestre del pasado año a 262 en el de 2020, un 40,9 por ciento más. Sumadas ambas modalidades, los concursos de acreedores de empresas y los de personas, el incremento interanual fue del 36 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de ejecución hipotecaria, los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana recibieron en el periodo analizado 893 demandas, un 74,1 por ciento más que las 513 ingresadas en el mismo trimestre de 2019.

Conflictividad laboral

Entre julio y septiembre de este año también aumentaron significativamente los procedimientos relativos a conflictos laborales, que tramitan los Juzgados de lo Social. En la Comunidad Valenciana las demandas por despidos durante el periodo analizado fueron 4.438, un 35,3 por ciento más que las 3.549 de un año antes.

También crecieron un 26,1 por ciento el número de demandas por reclamaciones de cantidad en este ámbito, al situarse en 2.745, por las 2.177 registradas en el tercer trimestre de 2019.

Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción valencianos asumieron 21.529 procedimientos monitorios, lo que implica un 17,4 por ciento más que entre julio y septiembre de 2019, cuando se contabilizaron 18.341.

Esta clase de proceso sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Lanzamientos

El número global de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2020 en España ascendió a 7.096, dato que refleja un descenso del 30,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El 73,1 por ciento de los lanzamientos, 5.190, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 1.564 (el 22 %) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 342 restantes obedecieron a otras causas.

Andalucía, con 1.168 (el 16,5 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.137; Cataluña, con 1.117; y Madrid, con 622.

Los lanzamientos derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria en la Comunidad Valenciana, 369, que lidera esta modalidad en el conjunto de España, bajaron un 24,1 por ciento respecto al tercer trimestre de 2019, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 739, fueron un 16,1 por ciento menos que un año antes, cuando se alcanzaron 881.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el tercer trimestre de 2020 ingresaron 983, cifra similar a la del mismo trimestre de 2019; habiéndose resuelto 770. En Andalucía y Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 216, que representan el 22 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 108, frente a las 141 registradas un año antes, y Castilla la Mancha, con 102.