Educación

El Supremo inadmite el recurso de Marzá y le obliga a mantener las líneas de Bachiller de la Concertada

La Generalitat tendrá que pagar alrededor de 20 millones de euros a los centros a los que negó las líneas de educación concertada

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent Marzà
El president de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, Vicent MarzàManuel BruqueAgencia EFE

El Tribunal Supremo ha rechazado seis de los dieciséis recursos presentados por la Generalitat Valenciana contra la sentencia dictada en fecha de 18 de julio de 2018 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y le obliga a mantener los conciertos educativos que suprimió en diversas líneas de la educación no obligatoria a numerosos centros concertados. Señala el Supremo que “las cuestiones jurídicas objeto de controversia han sido ya resueltas por la Sección Cuarta de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en sus sentencias de 14 de octubre de 2020, en sentido contrario a la tesis que sostiene la parte recurrente, fijando como doctrina de interés casacional que el régimen de conciertos generales resulta de aplicación a la renovación de los conciertos singulares firmados por las Comunidades Autónomas en los niveles educativos no obligatorios, quedando sujetos al régimen previsto en el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos aprobado por el artículo único del Real Decreto 2377/1985″.

Es de suponer que el Supremo, por coherencia con esta provindencia en la que rechaza el recurso, rechazará los otros diez que tiene pendientes.

El abogado Pablo Delgado que defiende a cuatro de los colegios concertados ha indicado que se iniciará ahora la ejecución de las sentencias “que hará que los colegios perjudicados y los padres a los que Marzà obligó a pagar los cursos de bachiller deban de ser indemnizados con los costes asumidos del concierto durante estos cuatro años” y añaden que “la persecución del Gobierno Botánico a la concertada deja miles de afectados que deberán ahora recibir el reintegro de sus gastos cuya totalidad se cifra en 20 millones de euros”