El dilema de Ximo Puig y Gloria Calero

El presidente de la Generalitat y la delegada del Gobierno tienen un problema como consecuencia de la huelga prevista para mañana por parte de al menos 3.000 hosteleros, si terminan ejecutando la apertura de sus locales a pesar de la prohibición promulgada por el Consell.

Por una parte, la obligación de la autoridad de impedir la subida de persianas y la llegada de consumidores, lo que significa la activación de miles de agentes nacionales y municipales y la posibilidad de altercados. Por otro, la imposición de 3.000 multas a quienes apenas les queda para vivir. Ello significaría una discriminación respecto a otros colectivos que se comportan impunemente mediante huelgas, manifestaciones y concentraciones no autorizadas, por no hablar de las conductas inconstitucionales propiciadas por partidos políticos y sindicatos.

Todo ello a un sector al que no sólo le ha martirizado sin piedad la pandemia sino que se le ha criminalizado injustamente como principal transmisor de contagios, cuando han cumplido a rajatabla las restricciones y normas impuestas por los Gobiernos de turno.

Ximo Puig y Gloria Calero se encuentran en una encrucijada, más aún después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ha obligado a abrir los bares y restaurantes, un fallo que pueden copiar el resto de Tribunales. Por lo pronto, el de la Comunitat ya ha admitido el recurso de los hosteleros valencianos. Así es la vida.