El Gobierno valenciano exige a la Iglesia que le devuelva los bienes expoliados

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha afirmado que desde el Gobierno valenciano trabajarán “para que los bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica retornen a la ciudadanía valenciana”.

Así lo ha avanzado la consellera tras hacerse público el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, una información que, tal y como ha explicado en un comunicado, “ya había solicitado la Generalitat hace meses al Gobierno central”.

A partir de ahora van a averiguar “qué bienes, de los expoliados en nuestro territorio, son de titularidad pública para poder realizar todas las acciones posibles que permitan recuperarlos para las arcas públicas, que es donde siempre debieron estar”.

Para ello, la Conselleria de Calidad Democrática pedirá al Gobierno central que detalle cuáles de los 912 inmuebles autocertifcados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana fueron arrebatados al patrimonio público.

Pérez Garijo ha recordado que en enero de 2020 solicitaron al Ministerio de Justicia un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público.

Posteriormente, en julio, se envió una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, adscrita al Ministerio de Justicia, donde la Conselleria pidió la información que este martes hizo pública el Gobierno central.

Esta documentación, ha dicho, viene a confirmar la existencia de cerca de 35.000 bienes inmatriculados en toda España entre 1998 y 2015, de los que 912 se encuentran en la Comunitat Valenciana.

En la misiva, la consellera argumentaba que el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles “ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno, mediante un procedimiento de autocertificación”.

De hecho, tal y como recoge el escrito remitido al Gobierno central el pasado mes de julio, entre 1996 y 2015 esta posibilidad de autocertificación siguió manteniéndose a través de modificaciones legislativas en 1996 y 1998 “bajo preceptos que difícilmente pueden sostenerse a causa de su inconstitucionalidad”.

De hecho, ha destacado que con la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente.

Asimismo, ha destacado que no es hasta 2015, con la aprobación de la reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho público la facultad de autocertificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles.