Política
Antifraude ve “un elemento fraudulento” en los tránsfugas políticos
Si además se van a cambio de un cargo, se podría entrar en la parte delictiva, dice Llinares
El director de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, ha opinado este jueves que hay “un elemento fraudulento” en las personas que han sido elegidas diputados o concejales bajo el “paraguas” de un partido y luego lo abandonan pero mantienen el acta.
”Si además una persona se va a cambio de un cargo, podemos estar ante un tipo que entraría en la parte delictiva, y me consta que hay Fiscalías que están estudiando esta cuestión, porque es muy serio” que se produzcan, ha dicho el director de la Agencia, quien ha aclarado que se trata de su opinión personal.
Llinares se ha pronunciado así en la comisión de Economía de Les Corts, donde ha presentado laMemoria anual de la Agencia de 2020, que recoge que las Administraciones han recurrido en exceso a la contratación de urgencia en la pandemia y a la figura del enriquecimiento injusto, y plantea la necesidad de más planificación y control.
Durante la comisión, Ciudadanos le ha planteado si el pase de cuatro diputados de este grupo al de no adscritos puede ser “una forma de fraude o corrupción al votante”, y el PSPV-PSOE ha preguntado si se asimila a la corrupción el transfuguismo, como el de dos exediles de este partido que apoyaron una moción de censura en Teulada-Moraira (Alicante).
Llinares ha opinado que, dado que en estos momentos el sistema electoral español es de listas cerradas, habría que ser “consecuentes” y regular en la ley orgánica de régimen electoral general que quien concurra a las elecciones dentro de una lista luego “no se pueda ir a otro lugar”, tal y como han acordado los partidos.
El diputado de Ciudadanos Tony Woodward ha lamentado que no existan mecanismos que impidan los “comportamientos indecorosos de supuestos representantes públicos que no trabajan y se llevan todos los meses” un salario pagado con el dinero de los valencianos y que personas sin “ningún mérito ni capacidad para ser nombrados representantes públicos se aprovechen” de los recursos de todos.
A juicio de Woodward, esas actitudes de sus cuatro excompañeros de partido les “avergüenzan” y “entristecen”, y producen “indignación y desafección” de la política, pues la ciudadanía no entiende que no haya mecanismos “eficaces que impidan estos fraudes en las instituciones”.
El diputado socialista José Muñoz ha lamentado que los partidos políticos no tengan “ningún tipo de posibilidad de parar estas cuestiones”, pues ha explicado que tras la moción de Teulada-Moraira el Ayuntamiento considera que los dos exediles socialistas siguen perteneciendo a ese partido, aunque le han acreditado que ya no lo son.
Protección de los denuanciantes
Por otra parte, Llinares ha alertado de que la reciente ley de Función pública valenciana se tendrá que modificar o hacer alguna interpretación, porque a partir del 17 de diciembre será de obligado cumplimiento la directiva europea de protección de las personas denunciantes, que entre otras cosas plantea extender los códigos éticos al funcionariado.
También ha explicado que la Unión Europea va a exigir a todas las Administraciones públicas, incluidas Les Corts, que tengan un buzón de denuncias y alertas, y ha reivindicado la transparencia en las acciones de las Administraciones, que “no resuelve la corrupción, pero es una barrera muy importante para que cueste más que se pueda producir”.
Llinares ha defendido que los cargos públicos puedan acudir a los cursos de formación que la Generalitat da a los funcionarios, que impedirían las irregularidades que se cometen sin “mala fe”, y ha lamentado que la mayoría de empresas públicas no tengan un controlador interno, algo en lo que la empresa privada va “muy por delante”.
Asimismo, el director de la Agencia ha pedido que no se rebaje el control en los contratos de emergencia a los que se está recurriendo por la pandemia. El diputado del PP Fernando Pastor ha lamentado que se haya usado este procedimiento para comprar “un plasma de 42 pulgadas” en la Conselleria de Participación o para “el cáterin de Presidencia”.
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