La Fiscalía denuncia a tres alcaldes alicantinos por presunta vacunación irregular

La Fiscalía de Alicante ha formulado denuncia contra los alcaldes de los municipios de La Nucía, El Verger y Els Poblets al cierre de las diligencias de investigación iniciadas sobre la supuesta recepción irregular de la vacuna contra la Covid-19 por parte de varios cargos públicos de la provincia.

Tras el análisis de los informes solicitados a la Conselleria de Sanidad, la Fiscalía señala que existen indicios racionales para considerar que el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), y los alcaldes de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll, matrimonio y ambos del PSPV-PSOE, recibieron los viales infringiendo el protocolo establecido, al no formar parte de los grupos prioritarios de vacunación.

Así, considera que pudieron incurrir en un delito de cohecho impropio pasivo, puesto que en los tres casos pudieron recibir la vacuna por su condición política.

Es más, estima que se trataba de relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o centro sanitario en el que se les suministró el vial.

En esta línea, el Ministerio Público ha cursado ya las correspondientes denuncias en los juzgados alicantinos de La Vila y de Dénia, que deberán repartirlas y dilucidar si procede incoar diligencias judiciales de investigación contra los tres denunciados.

Al tiempo, la Fiscalía resuelve el archivo de sus diligencias preprocesales para el resto de los cargos públicos investigados.

Entre ellos, figuraba el responsable del Centro Doctor Esquerdo de la Diputación de Alicante, Juan Bautista Roselló; el edil de Torrevieja y comisionado del departamento de salud, José Antonio García; el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; su hermana, su cuñado y el vicario general de la diócesis, que también recibieron el vial; el edil de Sanidad de Orihuela, José Galiano, y la ya exedil de Dénia Cristina Morera.

La Fiscalía entiende que la vacunación de todos ellos se ajustó al protocolo establecido. En concreto, estima que en el caso de Galiano y de Morera (ambos responsables del área de Sanidad) no recibieron los viales por su intercesión, sino que se les administró después de que no pudiese inocularse a cualquier otra persona que sí perteneciese a un grupo prioritario.

Las diligencias de investigación se iniciaron a instancias de la denuncia formulada por dos activistas vecinales, después de que la controversia sobre la administración de las vacunas fuese conocida a través de los medios de comunicación.