Les Corts validarán mañana los decretos del Consell de ayudas a sectores afectados por la pandemia

Les Corts Valencianes validarán, sin votos en contra, dos nuevos decretos ley del Consell con ayudas a sectores afectados por la crisis del coronavirus, aunque la oposición ha criticado que los recursos “llegan tarde”, solo sirven “para pagar deuda” y “dejan a muchas personas atrás”.

El pleno del Parlamento valenciano ha debatido este miércoles los decretos de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia y de ayudas para empresas del sector del transporte público discrecional de viajeros en autobús, aunque ambos se votarán este jueves.

El primero contempla 647 millones de euros para 188 sectores empresariales afectados por la crisis de covid-19 que hayan sufrido una caída de negocio superior al 30 por ciento respecto a 2019, mientras que el segundo, supondrá una inversión de 15 millones, con un importe de 8.400 euros por autobús.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha defendido el primer decreto de ayudas, enmarcadas en el Plan Resistir Plus, cuyo objetivo es impulsar la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables, así como asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar el tejido productivo y fomentar la competitividad.

Soler ha asegurado que la Comunitat Valenciana ha sido “pionera y más ágil” a la hora de adoptar medidas económicas y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia, y ha mostrado el compromiso del Consell para que “ni un solo euro de los 647 millones se quede sin destinarse al tejido productivo valenciano”.

Los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han apoyado la medida, que integra “un paquete de ayudas sin precedentes”, contribuirá a la recuperación económica, y muestra “la voluntad clara y tangible” del Consell por “recuperar, rescatar e inyectar liquidez en las empresas”.

La oposición, sin embargo, aunque no se opondrá al decreto, considera que estas ayudas no son tan buenas como plantea el Gobierno valenciano, ya que, según el popular Rubén Ibáñez, solo sirven “para pagar deuda a los bancos” o para “bonificar de la cuota a las empresas del juego”.

Además, ha reprochado al conseller que hable de velocidad y agilidad en las ayudas, cuando este decreto es una transposición de un decreto del Gobierno del 12 de marzo, y el dinero llegó a la Generalitat el 7 de mayo, pero día de hoy aún “no ha soltado un céntimo”.

Ciudadanos apoyará la convalidación del decreto, a pesar de que, según su diputada Yaneth Giraldo, las ayudas “llegan un año y tres meses tarde”, mientras que Vox se abstendrá porque no está de acuerdo con los criterios para acceder a esas ayudas, pero no va a “impedir que esas migajas lleguen al menos a una parte de los valencianos”.

El socialista José Muñoz ha manifestado que “1.200 millones nunca serán migajas” y ha afirmado que si otras comunidades, como la de Madrid, “hubieran hecho su trabajo” para frenar la pandemia, habría muchas personas en disposición de volver a trabajar porque, entre otras cosas, el turismo sería mayor en la Comunitat.

Por otra parte, ningún grupo se ha opuesto al decreto ley de ayudas a personas físicas y pequeñas y medianas empresas del sector del transporte público discrecional de viajeros con autobús por carretera afectadas por la covid, dotado con 15 millones de euros y un máximo de 8.400 euros por beneficiario.

El decreto ley lo ha expuesto el conseller de Movilidad, Arcadi España, quien ha explicado que en la Comunitat este sector abarca a 200 empresas y 2.300 autobuses, que han sufrido un descenso del 82 % de la actividad durante la pandemia.

El PP ha dicho que respaldará el decreto ley, aunque las ayudas “llegan tarde y son escasas”; Ciudadanos ha coincidido en que son “necesarias, pero llegan demasiado tarde”, y Vox ha avanzado que lo apoyarán porque “hacen falta a un sector que lleva quince meses de sufrimiento”.

Desde el Botànic han defendido que esta norma ayudará al sector en la recuperación económica, si bien Compromís ha pedido una “apuesta clara y fuerte” por un transporte público rural de calidad y Unides Podem ha echado en falta que no se condicionen las ayudas al mantenimiento de los puestos de trabajo.