Un nuevo brote eleva a 155 los afectados por coronavirus en la cárcel de Picassent

El sindicato ACAIP-UGT ha informado que un nuevo brote de covid-19 detectado en el Centro Penitenciario de Picassent ha elevado a 155 los internos afectados, a los que hay que sumar un funcionario también contagiado y otros dos en cuarentena, además de otros 500 internos también en cuarentena por diversas circunstancias.

Una vez realizadas las pruebas PCR a los algo más de 120 internos del módulo 8 de la Unidad de Cumplimiento se han confirmado 69 casos positivos y 9 no concluyentes, que se suman al brote detectado la semana pasada pasada en el módulo 9, lo que eleva el número total de internos positivos confirmados a 155.

Esta semana también se ha conocido que un trabajador que presta servicio en ese módulo 8, tras encontrarse mal y presentar síntomas compatibles con la Covid-19, ha dado positivo pese a tener la pauta de vacunación completa desde hace más de un mes.

Dos compañeros que trabajaron con él la semana pasada están en cuarentena preventiva y, pese a haber desempeñado sus labores en un departamento con más de 70 internos positivos, los responsables del centro penitenciario no han reconocido que sea una enfermedad profesional.

Desde el sindicato ACAIP-UGT han lamentado que la administración penitenciaria siga “negando a sus trabajadores el reconocimiento debido a la protección de la salud, no aceptando situaciones más que evidentes”.

“Esta enorme cantidad de nuevos positivos contribuye a incrementar la presión y a dificultar la adecuada clasificación interior en el centro”, han indicado desde el sindicado, que han añadido que los funcionarios se quejan de la falta de protocolos y procedimientos claros de actuación en casos de contagios por coronavirus.

ACAIP-UGT presentó ayer un escrito dirigido a la Dirección del Centro de Valencia en el que se solicitaba la realización de un cribado masivo entre los trabajadores que han prestado servicio en este módulo 8 para descartar nuevos contagios, pues considera el sindicato que “el centro penitenciario, además de vigilar y proteger la salud de sus trabajadores, debe estar interesado en cortar cualquier posible vía de contagios entre los mismos, algo imposible sin esos cribados”.

“No es de recibo que los trabajadores tengan que buscarse la vida para que alguien les haga una prueba diagnóstica, o pagarla de su bolsillo, ante brotes de esta magnitud”, han señalado.