Archivan la causa contra la denunciante de un acto islamófobo de España 2000

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha archivado las actuaciones abiertas contra una mujer que denunció un acto islamófobo del partido de extrema derecha España 2000 en València tras aceptar las alegaciones que presentó a la propuesta de sanciones realizada por la Policía.

Los hechos se produjeron el pasado 18 de diciembre en la céntrica plaza de los Pinazo durante un acto realizado por España 2000, que se concentró bajo el lema “No al Islam” e hizo una parodia sobre la “pérdida de nuestra identidad y de nuestra seguridad” que supone, aseguraban sus organizadores, la “invasión” de migrantes musulmanes.

Así lo explica la entidad València Acull en un comunicado, en el que indica que varias personas que estaban en la zona mostraron su indignación gritando “esto un acto de racismo” e instando a la Policía a intervenir.

Sin embargo, añade, los agentes permitieron que se desarrollara toda la actividad e impusieron dos sanciones a una de las mujeres que protestaron: una de 200 euros por “falta de respeto a la autoridad” y otra de 601 euros por “perturbación del orden público, alterando la paz pública”.

Además, emitieron un informe en el que se afirmaba que no se apreció “simbología de carácter xenófobo, violento o racista” en el acto.

València Acull denunció los hechos a la Fiscalía, que solicitó que se juzgara por delito de odio a los responsables de España 2000 y, con el proceso judicial iniciado, la Delegación del Gobierno notificó las sanciones a una de las mujeres que se opusieron al acto islamófobo.

Esta situación provocó que las entidades sociales CEAR PV, MPDL, Rumiñahui y València Acull se dirigieran a la delegada, Gloria Calero, pidiendo que se archivaran las sanciones y se investigara la actuación policial.

Al mismo tiempo, indican las fuentes, los servicios jurídicos de Alerta Solidària presentaron, en nombre de la mujer, alegaciones en dos ocasiones contra las sanciones, argumentando que la mujer solo ejerció su derecho de la libertad de expresión frente a un “acto injusto”.

Según València Acull, finalmente, la Delegación del Gobierno ha comunicado a la mujer el “archivo de las actuaciones”, pero “no explica las causas de su cambio de criterio” y solo señala que se aprecian “razones objetivas que deben ser tenidas en cuenta para modificar” las propuestas iniciales de sanciones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han informado a EFE de que desde esta entidad nunca se llegó a poner una multa a la mujer, solo se le informó de que la Policía la había interpuesto las sanciones y que podía presentar alegaciones.

Tras presentarlas, fueron aceptadas y por ello se han archivado las actuaciones, han indicado las fuentes gubernamentales.

Por su parte, València Acull asegura que la Delegación del Gobierno “ha rectificado su pretensión inicial de sancionar” y añade que tampoco se conoce si la Delegación abrió alguna investigación sobre la actuación policial de ese día.

Además, considera que el proceso judicial contra España 2000 “no se puede archivar porque es evidente que se trató de incitar al odio”.

Añade que, según consta en el recurso que la fiscal Susana Gisbert ha presentado contra el archivo de la causa contra España 2000 decretado por el Juzgado de Instrucción número 17 de València, “no se ha realizado ninguna investigación sobre lo sucedido y se ha tomado declaración como investigado a José Luis Roberto sin que la Fiscalía estuviera presente, ya que no fue citada”.

La Fiscalía pide que se declare la nulidad de lo actuado desde el momento de la declaración del investigado, ya que “se realizó sin la citación del Ministerio Fiscal”.