Valencia quiere aplicar este año la limitación del precio del alquiler y multar las viviendas vacías

El Gobierno valenciano esperaba desde 2017 un marco estatal que le permitiese poner la base de la Ley de la Función Pública de la Vivienda aprobada en la primera legislatura del Gobierno de coalición de PSPV y Podemos en la Comunitat Valenciana. Mientras esto ocurría iba haciendo camino. Analizó el mercado del alquiler y publicó un catálogo en el que se indicaba en qué municipios el mercado estaba tensionado, es decir, que estaba muy por encima de la media y, cuatro años más tarde aprobaba el reglamento que permite, entre otras cuestiones, multar a aquellos “rentistas” con diez viviendas sin habitar.

Las capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) figuraban en este registro y, por ello, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ya ha asegurado que quiere aplicar el límite de alquiler de precios lo antes posible.

Las medidas acordadas entres los socios del Gobierno que dirige Pedro Sánchez, y el decreto aprobado el viernes por el Consell, han creado un nuevo marco que implicará cambios harán posible hacer efectivo este anuncio. “Espero que puedan aplicarse ya este mismo año” y ha anunciado que esta misma mañana tiene previsto hablar con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, para pedirle que ponga en marcha el decreto del Gobierno valenciano.

Ribó ha recordado que el Ayuntamiento de València ya tiene en sus normas penalizar con un incremento del IBI del 30 por ciento a aquellos grandes propietarios que tengan sus pisos vacíos, y ha precisado que al hablar de grandes tenedores, no se refiere a una persona con uno o dos pisos, sino a entidades con más de diez. ”Eso sólo corresponde a entidades bancarias o grandes entidades y es imprescindible que estos pisos se pongan en el mercado” por diversos motivos de interés social.

Contra la okupación

Ribó ha dicho que estas medidas no servirá solo para abaratar el precio de los alquileres, pero también para evitar “otro efecto perverso” que tienen los pisos vacíos durante mucho tiempo, y es que un porcentaje importante acaba ocupado, refiriéndose a las situación de tensión que ocurre barrio de Orriols.

El Gobierno valenciano tiene ya delimitados 83 municipiosen la Comunitat que “necesitan una intervención sobre los precios del alquiler porque están altamente tensionados”. Se trata principalmente de localidades en zonas del litoral y urbanas, aunque van a estudiar bien cada caso “para definir una intervención precisa que vaya en la línea de limitar el precio del alquiler y favorecer el derecho a la vivienda”, con el fin de que “la oferta satisfaga a la demanda, que es lo que no esta pasando en estos momentos”, según recoge Efe.

Sobre la posibilidad de aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías, Ilueca ha considerado “importante gravar” este tipo de viviendas, algo que requiere involucrar a los ayuntamientos, que son los que tendrán que adoptar medidas en ese sentido, y cree que lo harán.

Ha destacado que la futura norma va “en la senda de las políticas públicas de vivienda puestas en marcha con el Gobierno del Botànic”, y esta convencido de que habrá colaboración por parte de las diferentes administraciones.

Sobre las críticas de la oposición por considerar que la ley supone un ataque a la propiedad privada, el vicepresidente del Consell ha manifestado que “el derecho a la propiedad privada que reconoce la Constitución está sometido a una función social”, y ha recordado que el derecho a la vivienda es también un derecho constitucional y no se puede pretender que determinados derechos “sean solo palabras”.