El juzgado archiva otra pieza menor de la Fórmula 1 sin apreciar atisbo alguno de delito

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha dictado el auto de sobreseimiento de la causa en la que se investigaban diversos contratos de mantenimiento y suministros del Circuito de Motor entre los años 2008 y 2012.

Ésta es otra de las piezas en las que la propia Fiscalía Anticorrupción pide el archivo después de que ella misma hubiera pedido la apertura de la investigación, aunque con fiscales distintos en cada caso.

En la presente causa sobreseída había diez imputados, ente ellos, personal del Circuito de Velocidad como el exdirector de Circuito, Julio García., o el ex secretario autonómico de Hacienda, José Miguel Escrig.

Considera la jueza que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito” y recuerda que tanto la Fiscalía como las partes imputadas pidieron el sobreseimiento. Además, la jueza hace suyo el informe de la fiscal Anticorrupción, Virginia Abad, que contrariamente a lo pretendido por su antecesor en el cargo, no ve indicios de criminalidad. Así, señala el auto que “esta instructora se remite al profundo estudio efectuado por la señora fiscal, considera lo que instrucción ha sido amplia sin que quepa la posibilidad de que se entienda la existencia de indicios de criminalidad en las actuaciones de cada uno de los investigados”.

Además explica en su auto que “tanto de las declaraciones de cada uno de ellos como del contenido de los correos objeto de estudio por parte de la UDEF, los especialistas en la materia y siguiendo instrucción de los técnicos de Valmor fueron amparados por la supervisión del despacho de abogados contratado y el personal de Circuito del Motor envió las invitaciones para participar en los expedientes de contratación a las empresas, adjudicando los mismos a las mercantiles que habían sido seleccionadas por los especialistas de Valmor, que se guiaron por criterios exclusivamente técnicos y económicos, teniendo en cuenta además que se trataba del equipo que había diseñado parte del circuito y conocían a la perfección el equipamiento que era necesario. En este sentido se descarta la existencia de indicios de la presunta comisión del delito de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal”.

El auto también recoge que la propia Abogacía de la Generalitat “nada alegó respecto a la solicitud de sobreseimiento”.

Además, la jueza hace suyos argumentos de la defensa de alguna de las imputadas y reprueba las actuaciones de la UDEF de la Policía Nacional que intentaron “implicar” a personas “que ni conocían ni participaban en los procedimientos administrativos, que no tenían potestad, ni conocimiento ni interés alguno, y por tanto no participó en los hechos investigados”.

En agosto se pidió el archivo

El archivo de esta causa ya se pidió en el mes de agosto, aunque el auto se ha dictado el pasado trece de octubre.

El pasado verano, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juzgado el archivo de la investigación sobre los contratos firmados por la empresa pública Circuito del Motor en la organización de la Fórmula 1 en València entre 2008 y 2012, en un informe donde señalaba que no encuentra indicios de delito, un argumento que ya ha esgrimido sobre otras investigaciones que atañen a ese Gran Premio.

En esta pieza, el Juzgado de Instrucción número 2 de València investiga el proceso de contratación de proveedores tramitado por la empresa pública Circuito Motor y Promoción Deportiva S.A., que era propiedad de la Generalitat al 100 % y se financiaba con los presupuestos autonómicos y subvenciones. En la firma de los contratos realizados para la organización del Gran Premio se podrían haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Pero la Fiscalía Anticorrupción, después de las investigaciones llevadas a cabo, señaló en su informe, que “no concurren indicios de la presunta comisión del delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental”.

La Fiscalía señaló también que no aprecia que, “por parte del personal de Circuito del Motor, encargado de la tramitación de los correspondientes expedientes de contratación”, existiera “una intención clara y evidente de vulnerar el ordenamiento jurídico, adjudicando los mismos de forma injusta o arbitraria”.

Las investigaciones en torno al Gran Premio han durado años e implicado a responsables políticos, el más importante de los cuales ha sido el expresident de la Generalitat Francisco Camps, investigado por supuestas irregularidades en la construcción del circuito.

En 2019 la Audiencia de Valencia archivó la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la que estaba procesado Camps por la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València, en contra del criterio de la juez del caso y siguiendo los argumentos de la Fiscalía.

Además, en 2020 el juzgado de Instrucción número 2 de València archivó la investigación abierta por la compra de la empresa Valmor Sports SL, encargada de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat Valenciana.

La compra se realizó para rescatar a ese Gran Premio y la ordenó el entonces presidente de la Generalitat Alberto Fabra; se pagó un euro a cambio de asumir las deudas del circuito. La juez compartió el criterio de la Fiscalía, en el sentido de que no hubo delito.