Les Corts aprueban la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, más conocida como de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2022.

La norma, que ha salido adelante con los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición, fija “la hoja de ruta” del Consell en materia tributaria y de gestión y organización administrativa, y “sienta las bases para la recuperación económica y social” de la Comunitat, según defendió el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en su presentación.

Se ha dejado fuera, finalmente, la inclusión de la tasa turística que pedían Compromís y Unides Podem, quienes han retirado su enmienda tras haber alcanzado un acuerdo con su socio de gobierno, el PSPV, para presentar antes de que finalice el mes de marzo de 2022 una proposición de ley para crear un impuesto a las estancias turísticas.

El acuerdo, firmado este martes tras una intensa negociación, prevé impulsar entre enero y febrero de 2022 un proceso de diálogo con el sector y los ayuntamientos para la elaboración de esta ley, que será de carácter “municipal y voluntaria”, y se aplicaría a partir de 2023.

Desde la oposición, acusan al Botànic de haber presentado hasta 70 enmiendas al proyecto de ley remitido por el Consell, con lo que se crea una norma prácticamente nueva sin pasar los controles pertinentes, y denuncian que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas para bajar los impuestos a los valencianos.

El PSPV, Compromís y Unides Podem rechazan el modelo fiscal de la oposición, pues consideran que solo busca beneficiar a los más ricos, y defienden la importancia y necesidad de esta ley de medidas fiscales que, en su opinión, busca mejorar la vida de los valencianos.

La ley incluye medidas orientadas a impulsar la reactivación económica, como la creación de la figura de los proyectos de interés prioritario, y deducciones fiscales para “aligerar las cargas familiares, dinamizar la economía, el mercado laboral y el derecho a la vivienda digna”, según el Consell.

En el debate de las enmiendas, se incluyó la creación de un plan de agilización administrativa para facilitar licencias de actividad y de obra, a través de los organismos de certificación administrativa (OCA), así como la introducción de cambios en los criterios para otorgar subvenciones al sector turístico.

En concreto, se establece que dentro de los criterios de dignificación laboral se incluirán el compromiso de establecer un salario/hora por encima del convenio colectivo; de una adecuada formación continua o planes de reciclaje, contar con personal indefinido, y mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral.

También se acordó en comisión incluir entre los objetivos de la ley de Salud Pública el de “garantizar las medidas proclives a combatir la violencia obstétrica definida según la Organización Mundial de la Salud”, algo que ha sido muy criticado por los grupos de la oposición.