Los ecologistas contra Mollà: estudian denunciar a la consellera de Agricultura por la caza del jabalí

Ecologistes en Acció del País Valencià estudia llevar a los tribunales la nueva Orden 22/2021 reguladora de la caza del jabalí en la Comunitat Valenciana y pide a la Conselleria de Transición Ecológica la retirada inmediata de esta orden “por vulnerar derechos básicos de los ciudadanos”.

Según un comunicado de la organización ecologista, la Conselleria publicó el pasado 19 de noviembre el Decreto 22/2021 por el que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana, que, afirma, “deja clara su ilegalidad, inconstitucionalidad y vulneración de los derechos básicos de los ciudadanos”.

Como “aspectos más negativos para los derechos” de la citada orden destaca que se permitirá la caza en caminos de uso público cuando “la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad Valenciana lo prohíbe tajantemente en su Capítulo II, artículos 12 y 39, para salvaguardar la seguridad de las personas y los bienes, y por tratarse de zonas de seguridad.

Desgraciadamente, esta circunstancia ya se constata desde hace años en todo tipo de parajes naturales y los cazadores gozan de total impunidad y permisividad, vulnerando la propia Ley Nacional de Caza”.

“El artículo 6.2.d de la Orden, prohíbe ‘Entorpecer, dificultar, interrumpir o impedir las acciones colectivas de caza mayor legalmente autorizadas en orden a su preparación, organización, ejecución y posibilidades de optimizar resultados’. Parece ser que a partir de ahora a los cazadores se les dota de un recurso más para denunciar a las personas que pasen por un camino público durante la realización de una batida porque les está ‘entorpeciendo’ o ‘dificultando’ su actividad, denuncia Ecologistes en Acció.

Esta circunstancia es “una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos en favor de los cazadores. Parece ser que estamos en un país procaza y las administraciones así lo documentan y ejecutan”, añade.

“Si unimos esta orden a las medidas que toman las propias Direcciones Territoriales de la Conselleria sobre dificultar la labor de los agentes medioambientales (que es la policía de la propia Conselleria) para no inspeccionar adecuadamente el desarrollo de las batidas (antes, durante y después); o para recortar plantillas en época de caza; o para impedir el uso de chalecos antibalas, queda clara que la administración aplica el criterio de todo vale y evitar, ante todo, conflictos y líos con los cazadores”, subraya.

La regulación de las poblaciones de determinadas especies, si fuera necesario realizarla, “debería ser ejecutada por el personal formado propio de las administraciones públicas y nunca se debería dejar en manos de las federaciones de caza y los cazadores, que solo velan por sus propios intereses”, precisa.

Ecologistes en Acció considera “muy lesiva dicha orden y se está estudiando la posibilidad de recurrirla vía judicial pues vulnera no solo la legislación vigente en materia de caza sino los principios básicos de los derechos de los ciudadanos al libre disfrute del medio ambiente. Los Ciudadanos No Cazadores también existen y tienen sus derechos”.

Finalmente, solicita a la Conselleria la retirada de dicha orden y su adecuación a la normativa vigente, y “el respeto por los ciudadanos, por los espacios naturales y el medio ambiente, cada día más agredido y con una pérdida gravísima de biodiversidad”.