El Ayuntamiento pide a inmobiliarias y bancos propietarios de viviendas ocupadas en Orriols, que expulsen a los okupas

El 50 por ciento de las viviendas usurpadas son propiedad de empresas

Vecinos de Orriols se manifiestan para pedir más seguridad en sus calles
Vecinos de Orriols se manifiestan para pedir más seguridad en sus calles FOTO: La Razón PP

La Concejalía de Protección Ciudadana ha comenzado el envío de cartas a las empresas propietarias de viviendas ocupadas en Orriols en las que se les reclama que tomen las decisiones oportunas para recuperar la posesión del inmueble y corregir los perjuicios que sus ocupantes están provocando entre los copropietarios y vecinos. En esta primera fase, según ha avanzado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, se remitirá una treintena de cartas a empresas inmobiliarias, bancos y la Sareb para que ejerzan “las acciones que estimen convenientes, ya sean civiles o penales”. En una fase posterior, se actuará sobre las viviendas de particulares.

“Hoy empezamos a enviar las cartas a las empresas que son propietarias de pisos vacíos y usurpados en el barrio de Orriols. Es un paso más para recuperar la convivencia que debe tener el barrio, una convivencia similar a la que tiene el resto de la ciudad en estos momentos”, ha explicado Cano, quien ha incidido en el trabajo constante que está realizando la Policía Local para resolver los problemas de convivencia que se registraban en el barrio: “Esta nueva acción demuestra la presencia constante de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio para esa recuperación de la convivencia en la que seguimos trabajando desde hace ya un año aproximadamente y, que poco a poco, va dando sus frutos”, ha señalado.

El concejal ha expresado su confianza en la colaboración de las empresas a las que se dirigen las cartas para poder resolver los problemas de convivencia. “Esperamos contar con la colaboración de las empresas porque creemos que la generación de alianzas, no solamente del entramado social del barrio sino también del entramado empresarial, es fundamental para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto”, ha afirmado.

Cano ha explicado que con el envío de las cartas se inicia un procedimiento que tendrá continuidad en los tribunales con las acciones que emprendan las empresas para desalojar a los ocupantes de sus viviendas. “Primero notificamos la existencia de estas viviendas usurpadas y también hemos dado cuenta a los órganos judiciales correspondientes. A partir de ahí, esperamos que vayan ejecutándose y vayan desarrollándose los procedimientos judiciales”, ha añadido.

La Concejalía de Protección Ciudadana ha localizado un centenar de viviendas vacías en el barrio de Orriols que en la mayoría de los casos están ocupadas, una situación que la Policía Local y los propios vecinos identifican como uno de los focos de los problemas de convivencia detectados en el barrio. Aproximadamente, la titularidad del 50 por ciento de estas viviendas es de empresas inmobiliarias, entidades financieras o la propia Sareb, mientras que el 50 por ciento restante está en manos de particulares.

En las cartas que se han enviado se informa a las empresas que las viviendas ubicadas en Orriols de las que son propietarias han sido ocupadas y que sus habitantes están originando problemas de convivencia vecinal de toda índole, “desde conductas molestas y nocivas, hasta quejas por las condiciones insalubres en las que se encuentran y que tienen un grado de afectación directa incluso en los elementos comunes de la comunidad de propietarios”.

Estas conductas, continúa la misiva, vulneran la Ley de Propiedad Horizontal que obliga al propietario del inmueble a mantener en buen estado de conservación su vivienda y “prohíbe desarrollar actividades dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Ante todo ello, la carta firmada por el concejal de Protección Ciudadana insta al propietario a adoptar las acciones que considere necesarias para restablecer la posesión del inmueble y garantizar que no se vuelva a producir su ocupación.