Valencia

El PP advierte de que Antifraude pone el foco en las contrataciones a dedo del Ayuntamiento de Valencia

Catalá denuncia que el uso de la contratación a dedo se ha convertido en práctica habitual

La portavoz del PP, María José Catalá
La portavoz del PP, María José CataláLa RazónPP

El Grupo Municipal Popular ha advertido que la Agencia Valenciana Antifraude ha puesto el foco en las contrataciones del Gobierno de Ribó y PSOE. Antifraude ha emitido dos resoluciones en las que reprocha al Ayuntamiento de València la falta de control o la irregularidad de varios contratos públicos para la gestión de la comunicación de teatros y bibliotecas municipales y para la promoción del festival Bonica Fest de 2019.

Las portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, señalan que “el uso de la contratación a dedo sea convertido en práctica habitual del gobierno del Rialto, y exigen medidas de control y sacar a concurso las licitaciones”.

Catalá ha recordado que el año 2021 el Gobierno de Ribó y PSOE “lo cerró con más de 13,7 millones de euros pagados a través de contratos a dedo, más de 3 millones más que el año 2020. Un total de 1.873 contratos municipales se tramitaron a través de contratación menor. Una práctica calificada por el Interventor municipal como muy excepcional que Ribó y sus socios del PSOE han hecho como habitual”.

La dos resoluciones de Antifraude pone el foco en la manera de contratar y vigilar el cumplimiento del contrato. En el primero de ellos, Antifraude ha analizado una denuncia en la que se expone que una misma empresa de comunicación ha sido adjudicataria “a dedo” de los servicios de comunicación de las bibliotecas públicas y los teatros TEM y La Mutant, que ha facturado al Ayuntamiento cerca de 87.000 euros desde 2017.

Antifraude ha constatado la existencia del pago de diversas facturas sin contrato y que en las mismas “no constan desagregados los servicios concretos prestados, de modo que se factura la misma cuantía todos los meses, independientemente de la fecha de inicio o finalización de los contratos”.

La empresa ha aportado un resumen de todas las acciones realizadas con una estimación del valor de cada una de ellas, pero “sin aportar las tarifas oficiales de los medios” que publicaron dichas acciones de comunicación ni la justificación de “por qué resultaron más ventajosas que la publicidad”.

La segunda de las resoluciones hace referencia a irregularidades en un contrato por 35.000 euros para la promoción del Bonica Fest 2019 que incluía la colocación de un expositor de promoción que no se desarrolló en las condiciones pactadas, sin que se aplicase penalización alguna a la firma adjudicataria. En su oferta, la empresa adjudicataria se comprometía a dotar de suficiente personal dicho expositor con un mínimo de cinco personas discapacitadas -con un grado del 33 % o superior- durante diez horas diarias entre el 9 y el 13 de septiembre de 2019.

“Las condiciones climatológicas no impidieron dichas actividades promocionales ni la participación de monitores, por lo que no se entiende qué problema pudo tener la fundación responsable de facilitar a dichos trabajadores, que deberían haber sido seleccionados con anterioridad”, expone Antifraude.

Las características del expositor, además, no se ajustaron a lo comprometido, especialmente en el tamaño de unas letras de grandes dimensiones, que según el contrato debían alcanzar los 2,20 metros, y tampoco hay constancia de que se facilitase material promocional en la cantidad y materiales acordados.

Por todo ello Antifraude recomienda al Ayuntamiento de València que dicte instrucciones internas para garantizar el cumplimiento íntegro de los contrarios y que se establezcan protocolos de actuación en caso de detectarse incumplimientos contractuale

Esta misma empresa contratada por el Ayuntamiento para Bonica Fest 2019, donde Antifraude detecta irregularidad en la ejecución del contrato, es la misma que ha sido contratada a dedo hace un mes por el concejal Galiana (Compromís) para la exaltación de las Falleras Mayores de 2022. Además pertenece a un grupo de empresas vinculadas a dirigentes de Compromis.

Contrataciones a dedo en 2021

El Gobierno de Ribó y PSOE sigue cada año utilizando la contratación a dedo a través de contratos menores para evitar los concursos públicos. El año 2021 lo cerró con más de 13,7 millones de euros pagados a través de contratos a dedo, más de 3 millones que el año 2020. Una práctica calificada por el Interventor municipal como muy excepcional que Ribó y sus socios del PSOE han hecho como habitual.

Un total de 1.873 contratos municipales se tramitaron a través de contratación menor, es decir a dedo, por una valor de 13,7 millones de euros, cuando el año pasado fueron 1.647 el número de contrataciones por un valor de 10,6 millones de euros. Se trata de un 14% más de contratos a dedo en 2021 que en el año anterior. Sólo en los últimos tres años Ribó y PSOE han dado a dedo más de 40 millones de euros.

Un ejemplo de esta práctica ha sido los actos de Navidad que sea recurrido a más de 80 contratos menores por valor de cerca de un millón de euros, con adjudicaciones realizadas a dedo a empresas vinculadas a militantes del partido del alcalde Ribó, Compromís.

En seis años de gobierno de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento se han firmado 17.000 contratos menores que alcanzan un coste de más de 87 millones de euros. Los continuos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de los últimos años advierten, de manera reiterada, que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión, una circunstancia que Catalá ha considerado, “reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas.”

Al respecto, Catalá ha recordado que “el alcalde y sus socios de gobierno del PSPV eliminaron el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General”.

Catalá ha denunciado que “el abuso de los contratos menores, con adjudicaciones a dedo sin un procedimiento abierto para contratar gastos previsibles que se repiten todos los años, es una constante en la gestión de Ribó y los socialista”.