Llegar a fin de mes, el privilegio que solo alcanza poco más de un tercio de los valencianos

Más de 260.000 hogares renuncian a tratamientos médicos para pagar la comida o un alquiler que engulle sus ingresos

Caritas observa como la pandemia del coronavirus ha cambiado el perfil de sus usuarios
Voluntarios del economato interparroquial gestionado por Cáritas en la ciudad de Torrent (Valencia), preparan alimentos para las personas que atienden FOTO: Ana Escobar EFE

La pandemia ha tratado a los ciudadanos como a los tripulantes del Titanic. Los de primera clase tuvieron medios para escapar y los de segunda o tercera clase se ahogaron. De esta manera tan gráfica describe el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Daniel Rodríguez de Blas, la situación que se vive en España desde que comenzó la pandemia y en la que la Comunitat Valenciana no es una excepción. «Es cierto en 2018 se partía de una situación clara desventaja con respecto al resto de España, ahora está en la media nacional, tan solo un poco por debajo en exclusión».

Las cifras del informe de Foessa 2022 sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana reflejan la gravedad de la situación. En 2021, solo el 37 por ciento de la población se encontraba en una situación de integración plena, el 41,2 por ciento vive en situación precaria, el 9 por ciento en exclusión social y el 21,3 en exclusión social severa.

El obispo auxiliar de Valencia, Arturo P.Ros (i) y el director de Cáritas Valencia, Ignacio Ballesteros durante la presentación del informe Foessa
El obispo auxiliar de Valencia, Arturo P.Ros (i) y el director de Cáritas Valencia, Ignacio Ballesteros durante la presentación del informe Foessa FOTO: Kai FORSTERLING EFE

Es decir, poco más de un tercio de los valencianos llegan con tranquilidad a final de mes, el resto lo hace, como mínimo, con preocupación. El cambio producido por la covid es todavía más alarmante si se tiene en cuenta que en 2018 la mitad de las familias estaban en ese primer nivel de integración plena. Los casos más severos se han incrementado y ahora afectan a unas 94.000 personas más que en 2018. El “tsunami” que ha supuesto la crisis derivada de la pandemia “se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena”.

Las dificultades llegan hasta tal punto que más de 260.000 hogares que renuncian a tratamientos médicos para pagar la comida o el alquiler. “La combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hace que más de 225.000 familias queden en situación de pobreza una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, y otros 122.000 ni siquiera pudieron efectuarlo”.

El informe pone también rostro a la pobreza. Es mujer y de nacionalidad extranjera. Desde 2018 la brecha de género se ha multiplicado por tres. El 27,5 por ciento de los hogares cuya sustentadora principal es una mujer frente sufre pobreza, frente al 18 por ciento donde esa figura es un hombre.

Además, casi la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, y esto es casi tres veces más que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española.

La pandemia social deja también una nueva víctima, los jóvenes. Mientras que los mayores de 65 aguantan la crisis gracias a las pensiones, uno de cada tres valencianos de entre 19 y 29 años está afectado por procesos complejos de exclusión social, lo que les impide realizar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.

En esto tiene mucho que ver la precariedad del mercado laboral. Más de 280.000 hogares (14 por ciento) dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave. Además, la situación de que el sustentador se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 65.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado.

En la actualidad, hay más de 185.000 núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro y, a pesar del aumento de la protección social, no se ha logrado compensar esta situación, por lo que 76.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico que permita una mínima estabilidad.