La oposición refuerza la presión contra Oltra tras la declaración de los cargos imputados por el caso de abusos de su ex marido

La declaración de directora territorial de la Conselleria de Igualdad, Isabel Serra, ayer ante el juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha dado nuevos argumentos a la oposición para pedir la dimisión de la vicepresidenta y responsable de esta cartera, Mónica Oltra. El juez interrogó ayer a Serra, a la directora del centro Niño Jesús de Valencia y a la psicóloga para determinar su actuación en el caso de abusos a una menor por el que ha sido condenado el ex marido de Oltra, Luis Ramírez Icardi, cuando trabajaba de educador.

Ciudadanos ha presentado hoy una propuesta para pedir el cese o la retirada de competencias de la consellera de Igualdad que se votará en el pleno de Les Corts de la próxima semana.

Argumenta que la Justicia “ya interpretó que desde esta Conselleria se intentó tapar el caso, encargando informes cuya única finalidad era exculpar a la Administración y que se puso en duda la credibilidad del testimonio de la víctima” y continua diciendo que la vicepresidenta, durante su intervención en Les Corts, se limitó a poner en duda las sentencias judiciales “sin asumir se limitó a poner en duda las sentencias judiciales sin asumir ningún tipo de responsabilidad al respecto”.

Sostiene además que mientras estos hechos sucedían, Oltra “tuvo la desfachatez de acusar a un trabajador del centro de menores de Segorbe, que resultó absuelto por la Justicia, de cometer un delito de abusos sexuales sin que ni siquiera se dignara a pedir perdón tras su absolución”.

Como último hecho, Ciudadanos recuerda que también obstaculizó una investigación diseñada para la resolución de una queja de oficio respecto a los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.

Con todo, la formación naranja insta la Presidencia de la Generalitat a “cesar a la vicepresidenta Mónica Oltra o, subsidiariamente despojarle de las competencias de gestión de los recursos residencialespara personas menores de edad que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat dada la continua desidia y negligente actuación que ha tenido la Administración autonómica en la gestión de estos centros, dejando a los mejores en una situación de desamparo absoluta”.

Por su parte, la diputada popular, Elena Bastidas, ha indicado que en las declaraciones judiciales “se ha producido un hecho muy relevante”, en el que venía insistiendo hace tiempo el PP, y es que “se sabía la identidad y la conexión del abusador con Oltra” y la directora territorial “ha dicho que cumplía órdenes”.

Además, ha señalado que se ha conocido que se encargó un “informe parajudicial” por “un alto cargo de la Conselleria para desacreditar la versión de la víctima”, y ha afirmado que “cuesta creer” que Oltra mantenga que no conoció los hechos hasta agosto de 2017, cuando en febrero lo sabían la directora del centro y la directora territorial.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha insistido en que Oltra “no puede permanecer ni un minuto más” gestionando las políticas sociales, y si no dimite debe destituirla el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aunque ha acusado a ambos dirigentes de “taparse las vergüenzas” entre ellos.

Ha indicado que su partido se ha personado como acusación popular en esta causa judicial, en la que espera que el juez impute a más personas, y ha destacado que una de las investigadas ha declarado que “le dio órdenes su superior para iniciar un expediente paralelo”.