La izquierda protege a Oltra para salvar el Gobierno del Botànic

Si cae Mónica Oltra, el futuro del Botànic será, como poco, incierto. La sola idea de que tuviese que ir a declarar en relación con la causa abierta el juzgado número 15 de Valencia provocaría un terremoto político de consecuencias difíciles de prever. La oposición ya sentenció ayer que Oltra no saldrá bien parada.

El juez investiga si la Conselleria de Políticas Inclusivas actuó correctamente cuando supo que una menor había denunciado por abusos a un educador, marido en aquel momento de Oltra y que, salvo que lo rectifique el Tribunal Supremo, deberá cumplir una pena de cinco años de prisión.

En la causa abierta por la Audiencia de Valencia ya hay imputados 13 funcionarios y altos cargos.

Los grupos del Botànic cerraron filas y defendieron sin fisuras a la vicepresidenta, portavoz, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y también, a una de las artífices del Botànic que, no obstante, todavía medita sobre su futuro político.

En las filas de la izquierda se repitió en varias ocasiones la palabra «cacería». Insisten en la honorabilidad de Oltra y la transparencia con la que se ha actuado.

Fue el grupo Ciudadanos el que colocó este debate en la sesión plenaria de ayer. Había registrado una iniciativa en la que exigía al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que destituyese a Oltra o al menos, le quite las competencias en materia de menores. Como era de esperar, la propuesta no prosperará porque Compromís, PSPV y Unides Podem, avanzaron que votaran en contra.

Mientras la diputada de Ciudadanos, María Quiles, afeaba al Botànic que dejasen desamparada a una menor mientras presumen de feministas, la diputada de Unides Podem, Irene Gómez, calificaba de «machismo recalcitrante» que se hiciese responsable a una mujer de los actos que ha cometido su pareja. «Les pido que paren ya».

Por su parte, el síndic del PSPV, Manolo Mata, dejaba entrever su preocupación por este asunto en las declaraciones en los pasillos. Admitía que el juez que instruye la causa es «muy meticuloso y lleva las investigaciones hasta el final», al mismo tiempo que decía que no sabía cuáles son los posibles delitos de que Oltra encargara un informe interno.

La portavoz popular, María José Catalá, señaló que las declaraciones que hizo la vicepresidenta en las en las que admite este encargo «son un acto claro de autoinculpación». Explicó que cuando hay un procedimiento penal en marcha no puede haber ningún trámite administrativo. «Eso es lo que se llama en derecho prejudicialidad penal» y remató diciendo que «nadie cree ya a Oltra».