Las quejas en la Comunitat Valenciana por vulnerar derechos lingüísticos no llegan al 1 por ciento

Los derechos lingüísticos de los valencianos están razonablemente a salvo. Al menos, si se tienen en cuenta el número de quejas que el síndic de Greuges, Ángel Luna, recibió durante 2011.

En el informe presentado el martes, el 0,8 por ciento de las quejas tramitadas están relacionadas con la libertad lingüística. Es decir, hubo 23 escritos sobre esta cuestión, una cifra infinitamente menor a las recibidas por servicios sociales que sumaron 1.040 y suponen un 36,04 por ciento del total. El síndic afirma que en este ámbito las reclamaciones tienen que ver con el incumplimiento de las Administraciones con alguna de las dos lenguas cooficiales.

Las denuncias, por tanto, se han producido tanto por parte de ciudadanos que reclaman que tienen derecho a recibir información en valenciano, como por otros que reclaman lo contrario. Por ejemplo, un vecino de Crevillent denunció que el mensaje para recibir la vacuna de la covid estaba solo en valenciano. Mientras que otro trasladó al síndic que las hojas de consentimiento de la vacuna solo estaban en castellano.

La Conselleria de Sanidad respondió a esta institución que estos casos no volverían a repetirse.

El síndic también se dirigió al Ayuntamiento de Onda tras saber que en el proceso de selección de empleados públicos solo había facilitado los enunciados en castellano y le pidió que lo hiciese en ambas lenguas oficiales. Además, le instó a garantizar el derecho a recibir respuesta de la Administración en la misma lengua a la que se han dirigido.

El fracaso de la ODL

La Generalitat valenciana puso en marcha en 2017 una Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) con el objetivo de solucionar el «desequilibrio lingüístico que sufre el valenciano».

El PP y la Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana acudieron a los tribunales alegando que iba a acabar convirtiéndose en una oficina que perseguiría a los castellanoparlantes. El caso llegó al Tribunal Supremo y anuló varios artículos de su reglamento, por lo que vació de contenido este organismo que ahora no tramita quejas y solo informa.

Sin embargo, en sus orígenes sí pretendía ejercer esta labor. En su única memoria presentada, la de 2018, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, informó de que se habían recogido 31 reclamaciones, 53 sugerencias y 3 consultas.

Ahora, tras el varapalo judicial, la Conselleria de Educación informa en su página web que la ODL “solo puede informar y asesorar, no puede admitir ni tramitar quejas o reclamaciones ni remitirlas a otros organismos. Lo que hará será informar sobre derechos lingüísticos y sobre los recursos disponibles para presentar la queja correspondiente en caso de que la persona esté interesada en reclamar o quejarse”.

“La ODL proporciona apoyo y consejo al ciudadano atendiendo las consultas motivadas por posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos. Se trata de asesorar e informar sobre la normativa vigente en materia de derechos lingüísticos así como los recursos existentes de que dispone la ciudadana para canalizar sus quejas cuando sufre alguna situación de discriminación por el hecho de usar y hablar en valenciano”.