Justicia activará alertas y pide cambios legales para evitar casos como Sueca

La Conselleria de Justicia se ha comprometido a activar alertas en los sistemas judiciales y a pedir cambios legislativos al Gobierno para evitar que se produzcan posibles disfunciones o falta de comunicaciónentre los juzgados, especialmente entre los que ven asuntos de familia y violencia de género.

En este sentido, la Conselleria ha solicitado una reunión con la Secretaría de Estado de Justicia para analizar este asunto y las posibles modificaciones legislativas.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha realizado estas declaraciones tras participar en un encuentro con todos los operadores jurídicos -la judicatura no ha participado- para analizar lo sucedido en el parricidio de Sueca.

La víctima, Jordi, que acababa de cumplir 11 años, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre, que era la responsable de la custodia del menor, hijo único de la pareja.

Los cónyuges iniciaron en julio y ratificaron en septiembre del año pasado un proceso de divorcio de mutuo acuerdo que contemplaba un régimen de custodia compartida respecto de su único hijo, pero en agosto el padre fue condenado por maltratar a la madre, lo que debería haber suspendido dicho régimen de visitas.

En la referida reunión, que se ha prolongado durante dos horas y media, los operadores jurídicos han constatado la existencia de una plataforma del Ministerio de Justicia que permite la comunicación entre juzgados y concretamente conocer los autos y sentencias que se dictan en procesos de violencia de género.

Esta plataforma está habilitada donde se dan jurisdicciones compartidas, como es el caso de Sueca, “lo que ocurre es que no hay una obligación lega de realizar estas consultas”, ha lamentado Bravo.

Por ello, la Conselleria de Justicia promoverá la puesta en marcha de una plataforma específica para la Comunitat Valenciana que registre todos los asuntos judiciales que entren al sistema, especialmente en los Juzgados de Familia, e instará al Ministerio de Justicia para que la citada plataforma nacional pueda extenderse también a los Juzgados de Familia que conocen las causas de divorcio.

“Mientras tanto, prepararemos el despliegue del expediente digital a partir de noviembre, un proyecto que lleva implícito un sistema de alertas, y tendremos, por tanto, la doble posibilidad: el sistema de alertas y la capacidad de acceso a estas plataformas para realizar comprobaciones. Lo más seguro es disponer de ese doble instrumento”.

Por otra parte, Bravo ha advertido sobre el escaso uso de las unidades de valoración integral del riesgo, frente a las cuales están médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, que tienen obligación de emitir un informe en un plazo máximo de 24 horas.

Según ha explicado, la Comunitat Valenciana dispone de estas unidades desde 2016, concretamente de un total de 13.

“La valoración del riesgo que realizan es mucho más amplia, porque examinan a la víctima y al agresor, y aporta información a los profesionales mucho más completa sobre circunstancias particulares posibles alteraciones mentales o situaciones de peligro”, ha detallado la consellera.

Sin embargo, en 2021 los Juzgados de Guardia únicamente pidieron 4 de estos informes en la provincia de Valencia, 2 en Alicante y 8 en Castellón, todo ello a pesar de que ingresaron cerca de 15.000 asuntos de violencia de género en Valencia, 11.000 en Alicante y cerca de 3.000 en Castellón.

Respecto a la ejecución de las órdenes de alejamiento y protección, Bravo ha asegurado que “tenemos un grave problema, porque una vez dictada la sentencia en la que se acuerda el alejamiento, el control del cumplimiento de esa medida lo realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero recae sobre la víctima. Es a la víctima a la que se pregunta y controla, es ella la que sufre la carga, y no hay ningún tipo de control sobre el agresor”.

“Este tema preocupa a todos los profesionales, y por ello deberían establecerse medias legales que permitan el control del cumplimiento del alejamiento y también el control del maltratador, porque de lo contrario no tenemos conocimiento de la evolución del riesgo salvo por lo que comunica la víctima, es la única fuente y no hay un conocimiento objetivo”, ha agregado.

Del mismo modo, Bravo ha reiterado su desconfianza hacia los juicios rápidos como método más efectivo para el enjuiciamiento de los asuntos de violencia machista. “Tienen la ventaja de que en poco tiempo hay una condena al maltratador y se reduce el riesgo de retirada de denuncia, pero también impiden una adecuada investigación de los hechos”, ha concluido.