La tasa turística del Gobierno valenciano se aprobará en noviembre de este año y entrará en vigor en 2023

El nuevo impuesto oscilará entre los 0,5 y los dos euros y los Ayuntamientos decidirán si la aplican

El sector turístico prevé una ocupación de entre un 60 y 80 % en Semana Santa
El sector turístico prevé una ocupación de entre un 60 y 80 % en Semana Santa FOTO: Biel Aliño EFE

El PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem han registrado este lunes en Les Corts una proposición de ley para crear el impuesto valenciano sobre estancias turísticas, que podrán aplicar los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana de forma voluntaria y que entrará en vigor un año después de su aprobación.

La propuesta del Botànic, denominada “de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible”, contempla medidas destinadas a la promoción, impulso y desarrollo del turismo sostenible, y la previsión es que se apruebe en Les Corts en noviembre de este año, con lo que entraría en vigor en noviembre de 2023.

Esta tasa turística, que oscila entre los 0′5 euros por día para estancias en cámpines, hoteles rurales y casas rurales de hasta tres estrellas y los 2 euros de hoteles a partir de 4 estrellas superior, contempla exenciones para las personas menores de 16 años, las personas con discapacidad, los viajes del Imserso, los congresos científicos o los eventos deportivos oficiales.

Los ingresos que se obtengan por este tributo indirecto propio se destinarán en su totalidad a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible en la Comunitat Valenciana, según señala el documento.

La diputada socialista Trini Castelló ha destacado que se trata de un instrumento “flexible, que asegura la cogobernanza entre las administraciones y el sector”, y que la nueva figura impositiva será “voluntaria y municipal”, de forma que serán los ayuntamientos quienes decidirán si la implantan o no.

La propuesta registrada “atiende al contexto complejo y cambiante que ha dejado la pandemia y, ahora, la guerra en Ucrania”, ha señalado Castelló, quien ha asegurado que la “prioridad absoluta es la recuperación”, y por eso han introducido una moratoria de un año en su aplicación desde que se apruebe en Les Corts.

Según ha señalado, las tarifas que se establecen son justas, progresivas y se regulan en función del tipo de establecimiento, ya que el objetivo “siempre ha sido impulsar el destino Comunitat Valenciana”, y por ello se le dota de un instrumento que “aumenta la competitividad” de los municipios.

La síndica de Compromís, Papi Robles, ha señalado que esta es una propuesta “en positivo”, fruto del diálogo entre los partidos del Botànic, elaborada tras escuchar el sector y que busca mejorar el turismo valenciano y que la gente que viene aporte, igual que cuando los valencianos viajan fuera.

“Son políticas valientes, que es para lo que hemos venido a gobernar”, ha reivindicado Robles, quien ha adelantado que València será uno de los municipios en los que se aplicará, dado que la “presión turística” es “espectacular” y va “cada vez a más”, y ha calificado de “muy rápido” el plazo establecido.

Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez ha indicado que esta propuesta es “un paso adelante” y una “buena noticia” para la Comunitat Valenciana, que se acerca así a otras ciudades europeas que ya lo aplican y que permitirá a los Ayuntamientos que decidan crearlo contar con recursos para mejorar sus infraestructuras y servicios.