Las AMPA ponen deberes a Educación tras el centenar de colegios que se suman a la jornada continua

“No era el momento. Tampoco la manera de hacer cambios en la jornada escolar porque la Conselleria de Educación no había hecho la evaluación externa, regulada en la orden 25/2016″. Así valora asociación mayoritaria de asociaciones de madres y padres, la Confederación Gonzalo Anaya -integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante- los resultados que han llevado a que cien centros escolares de la Comunitat Valenciana pasen a tener jornada continua en el curso 2022-2023. En otros 103 colegios se ha rechazado.

“Modificar la jornada escolar no ha sido en ningún momento nuestra prioridad” y recuerdan que siempre han defendido que cualquier cambio en los tiempos de la infancia debe contar con estudios científicos y expertos. Además, reivindican que la Generalitat valenciana apruebe una Ley de Usos del Tiempo que sincronice todos diferentes ámbitos sociales y laborales.

“Ya se ha dedicado suficiente tiempo y energía en el debate jornada escolar y ahora hay que centrarse en mejorar la escuela pública y en todos los cambios que vienen para el próximo curso con la nueva ley educativa”. Recuerdan que hay también reivindicaciones pendientes como la bajada de ratios en todo el sistema educativo a 20 alumnos por aula.

En cualquier caso, en los centros en los que se impartirá jornada intensiva, se debe tener en cuenta una serie de factores que la Confederación Gonzalo Anaya realiza, a través de un comunicado, a la Conselleria de Educación.

• Exigen educadoras y educadores para el alumnado con necesidades educativas especiales en horario de 15 a 17 horas.
• Control para asegurar que se aplica el resultado votado.
• Garantizar la continuidad de los comedores escolares como proyectos educativos de salud y alimentación para evitar que el servicio de comedor escolar sea solo un espacio de compensación social de la infancia
• Exigir las actividades extraescolares acordadas y con la máxima calidad posible.
• Que las personas que se queden con los alumnos cuando finaliza la jornada escolar, es decir, de 15 a 17 horas, tengan como mínimo el título de Monitor de Tiempo Libre, ciclo formativo de grado mediano y superior o titulación concreta de la actividad extraescolar a impartir.
• Que las tutorías con los padres se sigan realizando por las tardes.
• Constitución de una comisión especial de seguimiento de la jornada escolar (en el Consejo Escolar de Centro y en el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana).
• Seguimiento del rendimiento escolar (evaluación, tasas de promoción, aprobados y suspensos o pruebas diagnósticas).

También exigen que, si vuelve a abrirse el proceso dentro de tres años, que haya más participación en la elaboración de la norma y que se publique “en tiempos razonables” para garantizar el cumplimiento del procedimiento adecuado a la ley para evitar irregularidades.

La mitad, con jornada continua

De los 1.437 centros de Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos que hay en el sistema educativo valenciano, el próximo curso 2022-2023 un total de 750 (el 52,2 por ciento) tendrán jornada continua y el 687 jornada partida.

Los resultados dados hoy a conocer dejan las siguientes cifras por provincias. De los 24 centros educativos convocados de Alicante, en 14 centros se ha votado a favor de la modificación de la jornada escolar y en 10 en contra; en Castellón había 42 centros convocados. 16 centros han obtenido el “sí” y 26 el “no”. En Valencia había 137 centros convocados. De estos, 70 centros la han aprobado y 67 la han rechazado.

Cambio en las votaciones

Se necesita la obtención de un mínimo del 55 por ciento de votos favorables de la totalidad del censo para que el resultado sea favorable a la modificación de la jornada, un porcentaje que han criticado desde el sindicato ANPE porque convierten el cambio de jornada “en un abismo insalvable” para muchas comunidades educativas, que en su mayoría han votado favorablemente a este cambio y que no podrán disfrutarla por culpa de una norma “incomprensiblemente injusta y antidemocrática”.

La consecuencia, ha sido que numerosos centros han obtenido un alto porcentaje de votos favorables, que en algunos casos incluso ha triplicado el número de votos en contra, y a pesar de todo no podrán llevar a cabo la jornada elegida mayoritariamente por no llegar al porcentaje impuesto.

ANPE advierte que en cualquier procedimiento de consulta democrática, los porcentajes se establecen sobre votos emitidos, sin incluir a los votantes que se quedan en su casa sin participar. La perversión de esta norma, hace que los votos de las familias que no han acudido a votar por cualquier motivo, cuenten como un “no” a la propuesta de modificación de jornada aprobada previamente por el Consejo Escolar.