Bravo advierte a Compromís que no exigirá a los funcionarios mayor capacitación lingüística de la que otorga el sistema educativo

La consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo ha defendido el trabajo de la comisión creada al efecto para estudiar el requisito lingüístico en el acceso a la función pública, y ha dicho que la Generalitat no va a exigir a los funcionarios mayor capacitación que aquella que otorga el sistema educativo, e invita al conseller de Educación, Vicent Marzà a que en la futura homologación de títulos, otorgue la certificación C1 a aquellos alumnos que acaban el bachiller. Bravo se ha manifestado de este modo a raíz de la polémica suscitada entre los socios de gobierno de PSOE y Compromís, por esta cuestión ya que los nacionalistas exigen que el nivel requerido sea el C1.

Bravo ha explicado esta mañana que la posición mayoritaria de la citada comisión es aquella que entiende que para el acceso a la función pública se tiene que exigir el nivel de capacitación q da el sistema educativo y ha explicado que “a mí nadie me exigió que me examinara de castellano para ser fiscal. En una comunidad bilingüe, finalizado el bachiller se garantiza un conocimiento del castellano y se tiene que garantizar el mismo conocimiento del valenciano”.

Ha recordado que el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís) segura que “al final de la etapa educativa los niños hablan perfectamente tres idiomas. Por eso, no hay razón alguna para que al acceder a la función publica exijamos un nuevo examen”.

Ha añadido que “no es un criterio inusual ni estrambótico que se le haya ocurrido a este consellera. En otras comunidades autónomas como Galicia, que es el ejemplo donde se mira Compromís, el sistema educativo gallego cuando acaban bachiller adquieren el C1, igual que en Cataluña. Exigir un plus es no confiar en que el sistema educativo está enseñando nuestro idioma”.

La consellera ha explicado que “queremos normalizar la exigencia de la capacitación lingüística en una comunidad bilingüe” y ha añadido que “hemos considerado el valenciano como una lengua menor y su conocimiento se ha considerado un mérito”.

Sí que ha admitido que “determinados puestos pueden requerir una titulación superior. Pero la regla básica es que la capacitación lingüística no se debe cuestionar nunca”. Además, ha explicado que el requisito tendrá un periodo de transición de entre uno o dos años y no afectará en ningún caso a las ofertas de empleo que ya están convocadas.

La consellera también se ha referido a que el cincuenta por ciento de las plazas de la administración son de interinos, y que ello está provocado por las tasas de reposición de la crisis de 2008 que impedía la creación de plazas y que se prevé que con las próximas convocatorias de estabilización del empleo se consoliden 4.800 plazas. Además, “vamos a convocar la extraordinaria de 3.000 plazas. La mayor parte, unas 2600 serán concurso y el resto, concurso oposición. Tendremos así 8000 plazas estabilizadas”. En opinión de Bravo, “la temporalidad debería ser del 8 o 10 por ciento”.

Infraestructuras

En el capítulo de infraestructuras, la titular de Justicia ha destacado que la próxima semana se adjudica la remodelación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y que las obras podrían comenzar a finales de junio, con un importe de 28,3 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. Por otra parte, también ha anunciado la próxima adjudcación de las obras del Palacio de Justicia de Alzira, mientras que en el de Gandia ya llevan un año en ejecución y está prevista la finalización para 2023. También las obras en el Palacio de Justicia de Llíria comenzarán dentro de un mes.