Marzà deja el Consell y no se descarta como relevo de Mónica Oltra

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ultima una remodelación en el Gobierno valenciano. Sería la primera en los siete años que lleva al frente del Consell y persigue dar un impulso político para afrontar el año que queda antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Puig solo puede tocar a cinco consellers, los que le correspondieron a los socialistas. Sin embargo, ayer se produjo un movimiento dentro de Compromís que hizo saltar todas las alarmas y, por tanto, en los próximos meses pueden producirse más cambios.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, anunció su dimisión. A los periodistas explicó que era momento de cerrar una etapa, que nadie debe «patrimonializar» un cargo y, sobre todo, que quiere centrarse en las labores de partido para dar el impulso necesario que garantice que la izquierda se mantiene en las instituciones.

En la coalición admiten que cuando se formó el Gobierno, las personas con más peso pasaron a la Administración y que ahora es necesario un refuerzo en el partido.

De hecho, para sustituir a Marzà se ha optado por la sucesión natural. La consellera será la hasta ahora secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit.

No obstante, la dimisión de Marzà viene a confirmar lo que todos saben en Compromís. Si la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es finalmente imputada las cosas se pondrán muy feas para la hasta ahora lideresa de la formación nacionalista.

El todavía conseller de Educación siempre ha salido en todas las quinielas como su posible sustituto, con permiso, eso sí, del portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

Su renuncia afianza la posibilidad de que el partido ya esté buscando alternativa a Oltra, algo que Marzà confirmó mediante varias afirmaciones.

No descartó esta posibilidad y hasta justificó su marcha para que nadie pudiera acusarle de utilizar la «plataforma» que da una Conselleria para obtener ventaja en un «proceso electoral». En cualquier caso, insistió en que todavía no ha llegado ese momento.

El «caso Oltra»

El juez del juzgado número 15 de instrucción de Valencia solicitó en abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana (TSJCV) la imputación de Oltra para continuar la investigación. Los motivos alegados son claros: su testimonio es clave para determinar si la Conselleria trató de encubrir al ex marido de Oltra, que resultó condenado a cinco años de prisión por abusos.

La situación de la vicepresidenta, por tanto, es compleja, y en las filas socialistas también existe miedo de que la factura la acabe pagando todo el Gobierno de coalición.

En este contexto se produjeron el martes por la tarde las declaraciones de la consellera de Justicia, la socialista Gabriela Bravo. Durante una entrevista en la cadena Cope afirmó que ella se plantearía dejar el cargo si hubiera una situación que comprometiera la credibilidad de la institución que dirige, independientemente de las responsabilidades penales.

Estas palabras provocaron un auténtico terremoto en el Consell, pero al contrario que en otras ocasiones, Oltra se quedó callada. Ayer prefirió no pronunciarse sobre «opiniones» y dejó que fuese su partido el que la defendiera.

Hasta el mismo Marzà evitó contestar cuando fue preguntado sobre estas afirmaciones. Fue la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, la que arremetió Bravo.

La guerra interna

Calificó las palabras de «desafortunadas y totalmente impropias de una compañera de coalición de gobierno» y añadió que, bajo su punto de vista, tenían incluso «un tono electoralista».

Micó aseguró que Oltra se ha ganado el derecho a decidir sobre su futuro político y que así lo piensa toda la organización. Por tanto, defendió que una imputación no provocaría su salida. Además, echó en cara a Bravo su postura sobre el requisito lingüístico.

Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, aseguró ayer que la dimisión del conseller Marzà, es la muestra de que el Consell es un proyecto «colapsado» e instó a los miembros del Botànic a dejarse de disputas internas y solucionar los problemas de los ciudadanos.