El frente de Oltra contra las penas que Bravo quiere introducir a los prostíbulos, “sanciona la pobreza y la migración”

En España el proxenetismo es ilegal, pero no la prostitución. Partiendo de esta situación se producen un sinfín de derivadas que tiene una única víctima, la mujer que es prostituida. El debate sobre qué hay que hacer sobre la prostitución tiene divido a las formaciones políticas e incluso al feminismo, como se pudo ver la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

En medio de este debate, la Conselleria de Justicia ha presentado un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Espectáculos Públicos con el objetivo de «eliminar toda forma de prostitución que se desarrolla dentro de los locales y establecimientos regulados por la Ley 14/ 2010 para así, avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres».

Este cambio lleva aparejadas sanciones administrativas para los «puteros» y también para los propietarios de los establecimientos donde tiene lugar la prostitución. Esta infracción puede incluso concluir con la clausura del local donde se produce la prostitución.

Esta propuesta, que se encuentra en fase de alegaciones, se ha encontrado ya con el rechazo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El Departamento que dirige Mónica Oltra sostiene que «la propuesta de modificación se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercer la prostitución, especialmente a aquellas que tiene menos recurso tiene o que se encuentren una situación administrativa irregular. Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración».

La vicepresidenta Oltra ya expuso el pasado viernes algunos de los motivos por los que consideraba que la estrategia desarrollada por el Departamento que dirige la socialista Gabriela Bravo no es la más adecuada para proteger a las mujeres.

Insistió en que ordenar abolir la prostitución no se acabará con ella, igual que ocurriría si «se pone en un papel que se prohíbe la pobreza».

Más allá de la disputa política que a lo largo de la legislatura se ha producido entre Oltra y Bravo, existen cuestiones de fondo que la Conselleria de la líder de Compromís ha plasmado a través de las alegaciones que ya ha presentado a la propuesta de Justicia.

En primer lugar, asevera que se han invadido sus competencias. Recuerda que todas aquellas materias que tienen que ver con la «igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres corresponden a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas».

Argumenta que en la exposición de motivos del borrador de anteproyecto de modificación de la ley, las «personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad» y también que la prostitución es una forma de «violencia de género». Todas ellas, insiste «son materias competencia de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad» y no de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.

Insiste además en que la prostitución no se recoge en el ordenamiento jurídico español como delito. Por tanto, «la abolición de esta realidad no regulada excede las competencias autonómicas, objetivo que pretende conseguirse con la propuesta de esta modificación normativa».

Mayor vulnerabilidad

Más allá de cuestiones que pueden parecer meramente formales, las alegaciones de la Conselleria de Igualdad insisten en que la persecución de la prostitución en los locales aumentarán la vulnerabilidad de las mujeres prostituidas.

Exponen cómo el modelo nórdico o sueco, paradigma del abolicionismo, no ha acabado con la prostitución, sino que esta se ha trasladado a «espacios menos visibles y difíciles de rastrear, dado que la mayoría de los contactos relacionados con la prostitución se inician en línea a través de sitios web o redes sociales».

Se apoyan además en un informe de Amnistía Internacional sobre las consecuencias del modelo abolicionista implantado en Noruega en el que se concluye que ha aumentado el estigma social y la discriminación de las mujeres, «especialmente en caso de las mujeres migrantes, donde se entrelaza el estigma y el racismo».