Otra amenaza para los regantes valencianos, ahora peligra el agua que reciben de Alarcón

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha denunciado que ahora también peligrael riego para los usuarios del embalse de Alarcón y ha acusado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de “incapacidad” para defender los intereses del campo valenciano en Bruselas y ante el Gobierno de Pedro Sánchez Sánchez. “No podemos permitir que Sánchez siga perjudicando a los regantes de la Comunitat Valenciana. Primero ha sido el trasvase Tajo-Segura y ahora también peligra el riego para los usuarios del embalse de Alarcón”.

Mazón, que ha visitado la cooperativa vinícola San Pedro Apóstol, el pozo y la balsa de rebombeo de la comunidad de regantes de Godelleta y la planta de reciclaje Ecovisa, ha calificado de fundamental que el Gobierno incluya en el Plan Hidrológico del Júcar la transferencia de agua desde el pantano de Alarcón, como se ha efectuado “desde siempre”.

La Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) presentó a finales del pasado año alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar 2021-2027 que, en estos momentos y defendió la necesidad de reincorporar el Convenio de Alarcón al mismo.

Esta entidad aglutina a 40.000 regantes de la Acequia Real del Júcar, la Real Acequia de Escalona, la Real Acequia de Carcaixent, la Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y las Comunidades de Regantes de Sueca y Cullera, propietarios del embalse de Alarcón, junto a los usuarios industriales del río.

A través de este acuerdo, USUJ conseguía el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 1983 que obligaba a la administración a la entrega del embalse, pagado al 100% por los usuarios, y cedía su gestión a cambio de una serie de contraprestaciones: la garantía de una curva de reserva de agua, la ejecución a cargo de las administraciones públicas de las obras de modernización de regadíos y la exención de los gastos de gestión, mantenimiento y explotación del embalse durante 60 años.

En sus alegaciones, USUJ explicó cómo el Convenio de Alarcón “ha reducido considerablemente los conflictos en el sistema Júcar al permitir el uso por terceros de las aguas reguladas en Alarcón durante más de 20 años”.

Eliminar el Convenio del PHJ supondría interrumpir los suministros a terceros usuarios ya que carecerían del soporte jurídico necesario. La entidad considera que los principales beneficiados del Convenio son todos aquellos usuarios que, sin haber contribuido en los costes de ejecución del embalse, pueden hacer uso de sus aguas, respetando las condiciones del Convenio.

USUJ ha recordado que todos los usuarios, tanto de abastecimiento como de regadío, pueden utilizar las aguas reguladas en Alarcón por encima de la curva de reserva.

Desde 2010, el embalse únicamente se ha encontrado por debajo de la curva durante tres meses -desde el 1 de enero al 8 de marzo de 2018-, por lo que los restantes usuarios han podido tener acceso al agua de Alarcón. Eliminar el convenio obligaría a que el resto de los usuarios tuviera que recurrir a recursos alternativos como los subterráneos.

Además, en sus alegaciones, USUJ insiste en que el convenio incluía como contraprestación la completa modernización de los regadíos en su zona regable, unas obras que, 20 años después de la firma, todavía no se han finalizado.

Plagas sin control

Ha lamentado que la Comunitat Valenciana “lidera el abandono nacional de tierras cultivadas y a esta dramática situación se unen los problemas de extensión de plagas sin control, la subida de costes energéticos y tributarios y los recortes de agua para regar”.

“De nuevo -ha criticado- asistimos a una falta de coordinación entre el Consell de Puig y el Gobierno de Sánchez y que solo tiene unos perjudicados que son los regantes valencianos”.

Según Mazón, Puig “baja los brazos y no exige el agua, los tratamientos y las ayudas que necesita el campo valenciano”.

Por eso, ha exigido a Puig que se ponga del lado de los regantes valencianos y que no permita que el Gobierno de Sánchez “nos humille más y empobrezca más al sector agrario”.

Carlos Mazón ha reiterado la apuesta por el cooperativismo como fórmula de creación de empleo y arraigo al territorio, y ha anunciado que el PP eliminará trabas, reducirá costes para el agricultor y mejorará su tratamiento fiscal.