Mónica Oltra siguió empadronada con su exmarido 9 meses tras enterarse de los abusos

La vicepresidenta y consellera de Igualdad en el Gobierno valenciano, Mónica Oltra, siguió legalmente empadronada junto a su exmarido durante nueve meses tras conocer que estaba siendo investigado por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Generalitat. De hecho, aparecen juntos en el registro municipal de Riba-roja hasta el 25 de abril de 2018, más de nueve meses después de que conociera los hechos.

LA RAZÓN ha tenido acceso al documento acreditativo municipal, ya que esta es una de las principales incógnitas del polémico asunto que afecta a la vicepresidenta valenciana. De hecho, fue el juez el que pidió un informe al Ayuntamiento de Riba-roja para certificar si ambos estaban viviendo juntos durante ese periodo. Según dicho informe, así consta.

Cabe recordar que, según la sentencia de la Audiencia, los abusos se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017, y la consellera de Políticas Inclusivas conoció los hechos en agosto, cuando llegó una notificación judicial al domicilio en común.

La vicepresidenta Oltra ha explicado en varias ocasiones, y también ante el Parlamento valenciano, que ella se enteró de este asunto porque llegó una citación judicial a su casa, pero siempre ha negado que su exmarido estuviera viviendo allí cuando llego dicha citación.

La certificación del Ayuntamiento demuestra ahora que sí que compartían residencia -siempre según el padrón- cuando ocurrieron los abusos, por lo que parece raro que la vicepresidenta no supiera nada habida cuenta de que su exmarido pasó a ejercer labores administrativas en el centro.

Luis Eduardo Ramírez, exmarido de Mónica Oltra, fue condenado por el TSJ a cinco años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual, a una menor de 16 años, con la atenuante simple de reparación del daño, y una indemnización de 6.000 euros.

De la misma manera, la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana apoyaque el Tribunal Superior de Justicia investigue a la vicepresidenta por la gestión de su departamento en los abusos de su exmarido a una menor.

Ante esto, los abogados de la vicepresidenta presentaron un escrito de alegaciones contra la petición de la Fiscalía, en el que indican que dicha acusación “no tienen ningún indicio racional de delito”.