José Luis Olivas alega que la juez de Erial nunca le acusó de los delitos que le imputa

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, ha presentado recurso de reforma contra el auto de procedimiento abreviado que supone el procesamiento de los imputados en la causa Erial, y ha alegado que la juez nunca le ha imputado durante la instrucción de la causa los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación, que ahora le atribuye en el citado auto.

De este modo, la defensa del también ex presidente de Bancaja asegura que «resulta del todo sorpresiva la imputación de los delitos referidos» y por ello pregunta a la juez «de qué documentos falsos se acusa a mi patrocinado» respecto a la acusación de falsedad documental, o «qué decisión se ha tomado por el señor Olivas y en qué cargo administrativo concreto la adoptó», respecto al delito de prevaricación.

También niega el de cohecho cuando inquiere «qué hechos concretos acaecidos con posterioridad al año 2010 se le imputa para que sea aplicable el artículo 419 (cohecho) a partir de tal fecha».

La defensa explica respecto a las gestiones de Olivas al frente de Bancaja para otorgar financiación al empresario vinculado con Eduardo Zaplana, Gutiérrez Mondedeu, que «introducir a debate esta nueva cuestión como hecho probado, que no sabemos sobre la base de qué información o de qué acusación se introduce, y que tampoco entendemos a qué delito sirve, sin haber permitido declarar sobre la operación, sin permitir contradicción, sin tampoco saber en qué tipo penal se incardina, implica una gravísima infracción de principios esenciales de justicia que no se pueden desconocer».

La defensa asegura que «existe una imputación sorpresiva sobre delitos y hechos son poder haber declarado ni desplegado prueba al respecto de los mismos, y sin tan siquiera conocer a la fecha qué hechos concretos y en qué fecha se cometieron los hechos» y concluye que «no cabe acusar ahora de delitos de los que no se ha informado antes».

En tono similar se expresan los recursos de reforma de Francisco Pérez «el gasofa» y Pedro Romero (peluquero de Zaplana), ambos imputados en la causa.

Alega el «gasofa» que «para continuar con la instrucción ya iniciada, es indispensable que existan indicios de la comisión de unos hechos que tengan apariencia delictiva» y añade que «en ninguna narración de hechos se establece que Francisco Pérez pudiera haber participado en la comisión de algún delito de falsedad».

También la defensa de Pedro Romero dice que los hechos expuestos son erróneos, incompletos y tendenciosos y anuncia el consiguiente recurso de apelación. Considera que la juez pretende “su imputación a toda costa”, y explica que las cartas fiducias que vinculan a su empresa Montgar con Costera del Glorio “no están firmadas”, además de negar que Romero sea socio de Royal Mediterránea, otra de las empresas presuntamente vinculadas con Eduardo Zaplana.