El abogado Mata denuncia la “inquisitorial criminalización” de la política en “macrocausas carísimas”

El ex portavoz socialista en Les Corts y abogado defensor de uno de los principales investigados en el caso Azud, Manolo Mata, ha criticado las “carísimas macrocausas” judiciales tanto en coste económico como en “vulneración” de derechos, cuyo origen es una “inquisitorial criminalización” de la actividad política.

Así lo plantea Mata en un recurso en el que solicita de nuevo el levantamiento del secreto de las cinco piezas separadas del caso que permanecen secretas, al considerar que mantenerlo supone una “investigación prospectiva” y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, el derecho a la intimidad y el derecho a la defensa.

“‘La política es corrupta y sus familiares son presuntos delincuentes’ parece ser el origen de algunos” de esos procedimientos, lamenta Mata al referirse al informe de la Fiscalía que rechazó el anterior recurso, y cree que habría que cuestionar el “ingente gasto público” en instruir ‘macrocausas’ que finalmente “no llegan al buen término en el que confían los instructores”.

El abogado señala en el recurso remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de València que la Fiscalía refleja una “animadversión persistente, contumaz y expansiva de la consideración de la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción”.

A su juicio, son ya “muchos” los asuntos investigados en los juzgados que se analizan “desde el prisma de la presunción de ilegalidad si intervienen políticos” y familiares de estos, “desdeñando otras posibles líneas de investigación seguramente menos atractivas pero más cercanas a la realidad”.

El caso Azud abarca de 1999 a 2021 y si se centra la investigación “en buscar corrupción política, seguro que ‘algo’ puede tener esa apariencia delictiva”, expone Mata, quien cuestiona “la ligereza” con que se adoptan medidas cautelares “de extraordinaria dureza”, como incautaciones de bienes o prisiones provisionales, y alerta de que el Derecho penal “no se mueve en la esfera de la moral”.

El ex dirigente socialista considera que “criminalizar” reuniones o conversaciones con políticos e investigar a sus familiares “hasta la extenuación solo por ser políticos o estar vinculados a ellos” vulnera derechos fundamentales y supone “una distorsión del procedimiento penal”, y defiende que desde 2015 no hay “ni un solo caso de corrupción vinculado a la Generalitat Valenciana”.

En el recurso de apelación, de 35 páginas, Mata critica también que durante los cinco años de instrucción ha habido “filtraciones selectivas” de las actuaciones, que han “perjudicando gravemente” la instrucción y generado “indefensión en los investigados”.

Además, considera que en el auto que expone el inicio del procedimiento “se buscó deliberadamente investigados políticos y cercanos a ellos y se buscó delitos vinculados a las administraciones públicas”, y asegura que, tras haber leído todos los tomos de la causa y gran parte de la documental, desconoce qué hechos se imputan a su defendido, el empresario Jaime Febrer.

A juicio del abogado, la Sala debe intervenir ordenando que se levante el secreto de las piezas restantes y tiene que “frenar esta investigación prospectiva que perjudica gravemente a muchísimas personas que ya han sufrido prisión” y visto cómo sus bienes han sido incautados, “su vida social arruinada” y su prestigio, “destrozado”.

Finalmente, expone que, de no hacerlo, se corre el riesgo de que “este proceso inquisitorial no tenga fin y se añadan nuevas víctimas al ya sangrante listado de al menos sesenta” investigados -entre ellos ex altos cargos del PP y del PSPV-PSOE, así como empresarios-, sobre los que pide que puedan ejercer su derecho de defensa “con todas las garantías”.