Multas de 15.000 euros para los puteros que busquen sexo en una carretera de titularidad de la Comunidad Valenciana

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sigue con su cruzada para cercar a puteros y proxenetas. Además de los cambios realizados en la Ley de Espectáculospara multar a los locales en los que se ejerza la prostitución, se ha remitido a la Conselleria de Política Territorial la solicitud para modificar varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 de forma que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica.

Bravo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro Feminista “Propuestas Ordenanza Prostitución” organizada por el área de Protecció Ciutadana del Ajuntament de València en el que ha asegurado que esta iniciativa se une a las otras que ha puesto en marcha su departamento “para poder establecer una sociedad libre de prostitución”.

La fórmula elegida ahora es modificar el final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras para que se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”. Además, la propuesta añade que se debe establecer “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.

La propuesta de la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la ley de Carreteras un nuevo apartado que defina como infracción grave “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2. En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual.”

En este sentido, se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros.

La consellera ha explicado que el modelo valenciano para erradicar la prostitución “en el que estamos trabajando desde hace 15 meses” está basado “en la necesidad de garantizar derechos fundamentales porque sin ellos no podemos hablar de democracia”. Por ello ha defendido que aunque hay que “poner el foco en los proxenetas”, también “hay que mirarlas a ellas, que no están ahí por su voluntad sino porque seguimos arrastrando un concepto de sociedad patriarcal en el que hay hombres que consideran que tienen derecho a pagar por el cuerpo de una mujer”.

Libertad de empresa

Por su parte, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, que también ha participado en el foro, ha mostrado su confianza en que València sea una de las primeras ciudades en contar con una ordenanza abolicionista, y ha destacado que “hemos de decir, bien orgullosos, que la ciudad de València será una de las primeras ciudades en aprobar una ordenanza abolicionista y que, por lo tanto, será protectora de las mujeres más vulnerables”. Durante la apertura de estas jornadas organizadas por la Concejalía de Protección Ciudadana, Gómez ha defendido la necesidad de reformar el marco legal para acabar definitivamente con todas las formas de prostitución. “No se puede ser progresista y defender que el proxenetismo es una especie de libertad de empresa, que son emprendedores a los que hay que normalizar o blanquear, o que los puteros son consumidores que tienen derechos”.

“No se puede defender que la prostitución es un trabajo sexual en el que existe un contrato laboral con libertad de empresa y libertad de consentimiento”, ha defendido la vicealcaldesa y concejala, “porque, en realidad, es una forma de aprovecharse de las mujeres pobres, de las vulnerables, de las migrantes: de las mujeres que necesitan más de la medidas de acción social que permitan ponerlas en una situación de igualdad”. “Por eso defendemos una reforma potente del Código Penal que pene todas las caras del proxenetismo”, ha afirmado. Y ha añadido “una cuestión fundamental para los ayuntamientos: que se regule y se pene la tercería locativa, es decir, a aquel propietario de un local que permite y consiente que se ejerza la prostitución” ha indicado.

Medidas más allá del ámbito policial

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha subrayado que el objetivo principal de este foro es buscar medidas más allá del ámbito policial para avanzar hacia la abolición de la prostitución. “Estamos trabajando desde un punto de vista no sólo estrictamente policial. Tenemos que ver la lucha contra la prostitución desde diferentes ámbitos, tanto desde el punto de vista de las actividades, como desde el punto de vista del espacio público. Y todo rematado con el trabajo de seguridad ciudadana”, ha explicado.

Cano ha subrayado que el Ayuntamiento de València va a iniciar el procedimiento administrativo para redactar una Ordenanza de Prostitución que sustituya a la de 2013 y que ayude a combatir las nuevas formas de prostitución que no son visibles. “Estas jornadas nos sirven para decidir qué podemos hacer frente a una prostitución que no es callejera y que, por lo tanto, no es visible; no se muestra, pero existe”.

Según ha subrayado el edil, “hay que analizar cómo se ha de abordar la lucha para erradicar la prostitución que se ejerce en pisos, qué herramientas administrativas tiene un ayuntamiento y su policía local para ello, o qué podemos hacer frente a esos prostíbulos que tienen la apariencia de hoteles”. “Pero no sólo desde un punto de vista policial –ha matizado- sino mediante las ordenanzas de Actividades y de Espacio Público; porque el debate sobre la lucha contra la prostitución y abolición ha de hacerse desde un punto de vista global”, ha indicado.

El edil ha concluido, defendiendo la necesidad de seguir profundizando en el marco legal para combatir todas las formas de explotación sexual: “No luchamos contra gente incompetente, por lo que tenemos que afrontar esta lucha con todas nuestras armas y de una manera decidida”, ha finalizado.

Polémica

En la Generalitat valenciana no hay una única visión sobre esta cuestión. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, ha presentado alegaciones a la Ley de Espectáculos. Argumenta que la propuesta de modificación se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y se sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercer la prostitución, especialmente a aquellas que tiene menos recurso tiene o que se encuentren una situación administrativa irregular. Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración».

Las alegaciones de la Conselleria de Igualdad insisten en que la persecución de la prostitución en los locales aumentarán la vulnerabilidad de las mujeres prostituidas.

Exponen cómo el modelo nórdico o sueco, paradigma del abolicionismo, no ha acabado con la prostitución, sino que esta se ha trasladado a «espacios menos visibles y difíciles de rastrear, dado que la mayoría de los contactos relacionados con la prostitución se inician en línea a través de sitios web o redes sociales».